Por 30 votos a favor, 8 negativos, 4 ausentes y 6 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución negacionista impulsado por el cornejismo para rechazar a los mapuches que habitan el sur de Mendoza como pueblos preexistentes al estado nación. En el proyecto se repudió también que la Nación haya cumplido, a través del Decreto nacional 805/21, la Ley de Emergencia Territorial que releva comunidades originarias.
En el Boletín Oficial el 27 de enero de 2023, a través de dos resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se dio reconocimiento a las comunidades mapuches “Lof El Sosneado” de San Rafael y “Lof Suyai Levfv” de Malargüe, en Mendoza.
Desde ese momento el oficialismo de Mendoza inició una campaña, encabezada por Alfredo Cornejo, contra los mapuche.
En contra votaron Bruno Ceschin, Valentina Morán, Laura Chazarreta, Edgardo González, Laura Soto, Natalia Vicencio, Néstor Márquez (FdT) y José Luis Ramón (Protectora). En tanto, hubo 6 abstenciones de los diputados Verónica Valverde, Marisa Garnica, Duilio Pezzutti, Roxana Escudero, Julio Villafañe (FdT) y Emanuel Fugazzotto (PV). Además hubo 4 ausentes en la votación: Omar Félix, Juan Pablo Gulino (FdT), Jorge Difonso (UP), y Sandra Astudillo (quien tenía pedido de licencia).
Los votos a favor fueron del oficialismo y de los peronistas Germán Gómez y Paola Calle.
Dice el artículo 3 del proyecto votado:
"Art. 3°. Afirmar con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales".
La justificación del oficialismo
Evelin Pérez (UCR), indicó que la negación de los mapuches “tiene que ver con la vulneración de los derechos de los mendocinos, los procedimientos que creemos a nuestro entender, que han sido vulnerados o no han ejercido la constitucionalidad que corresponde”.
La legisladora añadió que “se encuentran viciados los procedimientos de la Ley 26.160” y que eso aplica sobre “las Resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que están cuestionadas en esta oportunidad” porque “se violaron los procedimientos que correspondían, no hubo participación de la provincia ni de los diferentes municipios involucrados, lo cual no deja que se hayan visto protegidos ni representados los intereses ni de los mendocinos ni de las diferentes instituciones”.
En coincidencia se expresó Adrián Reche (UCR), quien indicó que “todo el trabajo que se hizo en la comisión de Derechos y Garantías y que representa este despacho de mayoría, significa una reacción a un problema que, como se dijo acá, no estaba en Mendoza. Un problema que no queremos los mendocinos”. Consideró un “actuar ilegítimo e irregular” del INAI y que con ello nos trae “este problema a la provincia de Mendoza. Existen evidencias científicas que los mapuches no son originarios de Mendoza”.
María José Sanz (UCR), dijo también que la iniciativa se trata, fundamentalmente, de solicitar la revocación de las resoluciones del INAI nº 36, 42 y 47 de este año” porque “lo que hay que tener claro es que esto lo hace teóricamente en el marco de la ley 26.160, ley que se aprobó en 2016, que era sólo por el plazo de cuatro años, y se volvió a extender en cuatro oportunidades, pero la última vez fue en noviembre del año pasado por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, que no corresponde, porque el Congreso de la Nación estaba activo y debía ser aprobado por ley como en las instancias anteriores”.
Sintetizó que “tenemos que analizar primero si la ocupación de las tierras es tradicional para cumplir con la ley, en segundo lugar si las comunidades beneficiadas por las resoluciones son originarias del país y si estas comunidades cuentan con personería jurídica”, “queremos el cumplimiento de la ley. Más allá de las pasiones, debemos respetar la ley. No podemos avalar conductas abusivas. Si lo hacemos, vamos a estar avalando el desastre”.
Cecilia Rodríguez (UCR), sostuvo que “no somos negacionistas. Esto tiene que ver en el caso de nuestro frente, con que creemos que las cosas deben hacerse conforme a derecho porque vivimos en un Estado de derecho donde las leyes deben cumplirse”.
Gustavo Cairo (PRO) opinó que Argentina desde 1810, “desde que tiene existencia como país, ha tenido una política de integración hacia todos los habitantes de su territorio”. Resaltó que en el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983, se dicta la Ley 23.302 que “reconoce y les otorga personería jurídica a los pueblos que habitaban el territorio argentino al momento de la conquista. Mendoza fue fundada en 1561. Era una ley absolutamente progresista, con buenas intenciones. Con esa Ley se crea el INAI”. Agrega que luego de ello se crea y prorroga la ley 26160.
Añadió Cairo que con la reforma de 1994, se incorpora a la Constitución Nacional el inciso 17 en el artículo 75, que “reconoce la identidad étnica y preexistente de los pueblos indígenas argentinos”, y se pregunta “¿Cuáles eran los pueblos indígenas argentinos? Bueno, los que habitaban el territorio argentino en la época de la conquista, muy claro”.
Y cerró; “los mapuches no son originarios de la provincia de Mendoza, son originarios de la Araucanía chilena, ni siquiera de Neuquén”, y que “lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen problemas”.
La UNCUyo, en sintonía con el negacionismo
Semanas atrás investigadores y académicos de la UNCuyo pidieron informes al Consejo Superior por la censura que sufrieron en los medios de la propia universidad científicos del CONICET y de la propia UNCuyo que opinaron sobre la preexistencia de mapuches en Mendoza.
La censura fue ejecutada en coincidencia con la campaña contra los mapuche encarada por Alfredo Cornejo, a la cual se sumó Rodolfo Suarez, no sólo en los medios masivos sino en el sistema de medios de la universidad, dominada por el cornejismo.
Sin embargo, el Consejo ignoró los reclamos de sus propios investigadores y enfocó la última reunión sólo en los temas que interesaba promocionar al Rectorado, dejando afuera a la censura.
