Por Martín Cocco
Para Télam
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou rompió una de sus promesas de la campaña electoral y cambió las reglas de juego a los trabajadores en actividad mediante una Ley que eleva a 65 años la edad jubilatoria en Uruguay, que fue aprobada esta semana por el Parlamento y que generó rechazo por parte de los sindicatos y la oposición de izquierda.
Tras más de 120 variantes introducidas en los 304 artículos del proyecto original votado en diciembre por el Senado, la conservadora coalición gobernante de Uruguay aprobó sobre finales de esta semana una reforma que, salvo pequeñas excepciones, aumenta en cinco años la cantidad de tiempo necesario para poder obtener una pensión.
Los cambios de las condiciones de jubilación de los trabajadores en actividad generaron resistencia en los sindicatos y en el opositor partido de izquierda Frente Amplio (FA), provocaron protestas de miles de personas frente al Parlamento durante la votación del proyecto y son ampliamente rechazados por los uruguayos, según los sondeos de opinión pública.
De hecho, la coalición de izquierdas, favorita para las próximas elecciones, ya anunció que promoverá su derogación si vuelve al gobierno en 2025.
El Ejecutivo pretendía ahorrar 1.200 millones de dólares anuales en el gasto previsional con su idea inicial, pero las variantes en más de un tercio del articulado introducidas a último momento en el Parlamento llevan a desconocer el impacto económico que tendrá la reforma en las finanzas estatales.
Además, uno de los argumentos era que la cantidad de cotizantes a la baja hacía necesaria la reforma, aunque datos del Banco de Previsión Social (BPS) muestran que las cifras se mantuvieron estables en los últimos 20 años.
El consenso entre los partidos gobernantes de Uruguay para reformar el sistema previsional se alcanzó luego de fuertes diferencias internas y negociaciones que implicaron cesiones de Lacalle Pou a sus socios, sobre todo al derechista Cabildo Abierto, que logró la reducción de 25 a 20 años la medida de "mejores años" para calcular el sueldo básico jubilatorio y mantuvo los privilegios de las jubilaciones militares.
Pese a que en la campaña electoral Lacalle Pou había prometido "no tocar la edad para jubilarse" de los uruguayos para no "vulnerar ningún contrato" vigente, el presidente consideró "justa y solidaria" la reforma, en un video publicado por Presidencia de la República apenas se votó el articulado en el Parlamento.
"Es una reforma con sensibilidad social", defendió el presidente.
El opositor FA, contrario a la iniciativa, acusó al Presidente de faltar "nuevamente a la verdad", ya que el proyecto cambia las condiciones de acceso a la seguridad social de una gran parte de los uruguayos.
"Le cambiaron las reglas de juego a viudas, jubilados por incapacidad, a todos los trabajadores que ingresan al mercado laboral y ahora deben obligatoriamente suscribirse a una AFAP (fondo de ahorro previsional). Es una reforma injusta porque obliga a trabajar más y a cobrar menos", dijo a Télam la senadora Silvia Nane, coordinadora de la bancada del Frente Amplio.
El cambio de sistema jubilatorio es rechazado por 54% de los uruguayos, según el último sondeo público conocido sobre el tema, de la consultora Cifra. La principal central de trabajadores de Uruguay, el PIT CNT, movilizó a sus afiliados de forma masiva contra la reforma durante su votación, rodeando el Palacio Legislativo, y realizando un paro general de 24 horas el martes pasado.
El presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala, dijo a Télam que el proyecto es un "ajuste fiscal encubierto" y un "recorte de derechos".
Consideró que la iniciativa no debe ser considerada una reforma de la seguridad social, ya que "no toca nada de la financiación" del sistema y únicamente afecta derechos jubilatorios.
"Para generar una sustentabilidad económica, que no logra, aumenta los años para jubilarse, por lo tanto aumenta los años de trabajo, y para contingentes muy importantes de la clase trabajadora reduce beneficios", agregó el líder sindical.
Los gremios analizan los caminos legales para "derogar o anular" este proyecto -referendo o plebiscito- para luego promover una nueva reforma de la seguridad social con la participación de todos los actores del mundo del trabajo (trabajadores, jubilados y empresarios) y el sistema político, sostuvo Abdala.
Las voces críticas al proyecto también llegan desde el mundo empresarial. Si bien las grandes cámaras empresariales han apoyado una reforma del sistema de jubilaciones, el representante de las empresas en el directorio del organismo previsional (BPS), José Pereyra, señaló que no está de acuerdo con este proyecto en particular porque "le exige a los uruguayos en general un esfuerzo más".
Pereyra señaló a Télam que el sistema político uruguayo sigue dando señales de "beneficios en provecho propio" y en este caso "es una ley en beneficio del Estado y también para su socio, que es el sistema financiero (las AFAPs), que ha fracasado en el auxilio de la seguridad social de los uruguayos".
El nuevo régimen obliga a los trabajadores a afiliarse al sistema de AFAPs.
Días antes de la votación y tras los cambios introducidos en la Cámara de Diputados por exigencia de sus socios políticos, Lacalle Pou había considerado que a la "leche (reforma original) se le fue echando agua (cambios) pero sigue siendo leche".
Esa metáfora del Presidente fue retomada incluso por legisladores de su conservador Partido Nacional en medio del debate parlamentario, como el diputado Alfonso Lereté, que consideró que el proyecto arrancó "como leche entera, la de Conaprole (la principal empresa láctea uruguaya) de color rojo, muy potente", pero a raíz de los cambios fue "pasando de leche entera a descremada" y aseguró que "esa también se toma".
El propio redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, admitió que pese a todos los cambios que se introdujeron "no está asegurada la sustentabilidad" de la seguridad social porque "es imposible lograr un equilibrio fiscal en un sistema previsional" como el de Uruguay.
La nueva Ley, que se aplicará para los nacidos a partir de 1973, además de elevar la edad de retiro a los 65 años para hombres y mujeres, permite a las personas jubiladas mantener un empleo y seguir trabajando, pero no en el sector al que pertenecían; obliga a todos los trabajadores a ser incluidos dentro del régimen mixto (previsión social estatal y AFAPs); dispone un tratamiento especial que incrementa los beneficios a familias con hijos con discapacidad; crea un sistema previsional común para las cajas de aportes de todos los sectores; y crea un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, entre otros puntos clave.
