Siete responsables del traslado y las requisas al preso que atacó a la fiscal Claudia Ríos fueron pasados a disponibilidad y los investigadores intentan determinar si el agresor contó con la colaboración del personal de esa fuerza de seguridad.
Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad, un órgano civil de control externo a las fuerzas de seguridad que depende del Ejecutivo provincial, aseguró esta tarde que "siete efectivos fueron pasados a disponibilidad y serán citados a declarar, aunque puede haber otros efectivos o responsables de áreas involucrados".
En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que "se están identificando a los responsables vinculados al Servicio Penitenciario" que participaron no solo del traslado sino de la requisa del preso Hugo Eduardo Arredondo Suárez, quien esta mañana pretendió atacar con una "chuza" a la fiscal Ríos durante un cuarto intermedio.
Según Puertas, Arredondo Suárez "está alojado en el penal de Almafuerte y existen protocolos de seguridad para los traslados", y afirmó que "no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio".
"Al salir del penal tiene que ser requisado, se lo sube a un móvil y al bajar es requisado nuevamente. Luego, al ingresar a la sala de audiencias hay una tercer requisa", explicó el funcionario.
"Evidentemente alguna persona no ha cumplido con sus deberes y no se descarta el dolo, por si hubiera algún acuerdo a los fines de acceder al elemento corto punzante con la cual intentó agraviar o matar a la fiscal Ríos", analizó Puertas.
Respecto a los penitenciarios que fueron pasados a disponibilidad, el titular de la Inspección de Seguridad dijo que "no están imputados" en el marco de la causa, aunque reconoció que "eso va a ocurrir a posteriori de obtener la prueba de cargo".
"Mientras tanto, los penitenciario fueron pasados a disponibilidad, lo que significa que no van a prestar servicios y cobrarán un 45 por ciento de sus emolumentos", señaló a Télam.
"Se los va a citar a indagatoria donde podrán declarar y presentar la defensa pertinente y pruebas de descargo como estrategia defensiva para ver cómo se dilucidan estos hechos que se les están imputando", dijo Puertas.
Paralelamente continúa la investigación judicial y si se impone la privación de la libertad, la indagatoria será en penal de San Felipe donde se alojan los penitenciarios.
El atacante
Según explicaron las fuentes, el preso Arredondo Suárez ya había sido condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.
Ese segundo homicidio tuvo como víctima a Nicolás Lozano, un preso que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.
Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.
En tanto, Bracamonte Contreras, otro de los presos que estaba siendo sometido a juicio, tiene una condena de 12 años de prisión por un homicidio con arma de fuego en grado de tentativa, mientras que Garro Ibáñez cumple de 5 años de prisión por robo.
La fiscal de Homicidios atacada hoy llevó adelante algunas de las causas más relevante en la provincia de Mendoza de los últimos años, entre ellas la desaparición de Viviana Luna, quien fue vista por última en diciembre de 2016 cuando fue a una entrevista de trabajo y no se la volvió a ver y cuyos hijos aún reclaman justicia y juntaron casi 40 mil firmas en una petición que elaboraron a través de la plataforma Change.org.
