Tras rechazar el sobreseimiento, la Justicia volvió a citar este miércoles la asambleísta Nora Moyano, la referenta de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura imputada por "privación ilegítima de la libertad" de los legisladores que trataron la ley del cianuro mientras en las calles miles de mendocinos protestaban en defensa de la Ley 7722.
Fue tras la apelación de la defensa de Moyano, que deberá argumentar nuevamente porqué no debería ser condenada por su participación en las masivas protestas donde miles de mendocinos ganaron las calles en diciembre de 2019.
En una audiencia a mediados de agosto, la jueza Patricia Alonso Valot desestimó los testimonios a favor de Moyano, entre ellos los entonces senadores Lautaro Jiménez y Marcelo Romano, y los de los asambleístas y militantes del agua y en cambio tuvo en cuenta las declaraciones de los senadores que dijeron que las manifestaciones por el agua no fueron pacíficas.
La defensa apeló y en ese contexto llega a esta nueva instancia, que será presencial, desde las 17, en el Polo Judicial, a pedido del Tribunal Penal Colegiado número 1.
Contexto adverso para la 7722
La decisión de la jueza de avanzar con la causa se da en un contexto adverso para la Ley 7722, llamada "guardiana del agua" por vecinos y asambleístas y "antiminera por los lobbistas de la megaminería.
Antes de ser electo gobernador, Alfredo Cornejo ya se había pronunciado en contra de la ley, criticando las restricciones al uso de cianuro en la megaminería.
"Mendoza lo único que no tiene es megaminería metalífera. Porque literalmente la prohíbe una ley que impone restricciones muy duras que son incumplibles y que son políticamente nefastas, porque pasar una declaración de impacto ambiental por una legislatura no ocurre en ningún lado del mundo". Así se expresaba Cornejo en junio de 2023, tres meses antes de ser ungido formalmente gobernador de Mendoza para cimentar 12 años de poder cornejista.
"Mendoza lo único que no tiene es megaminería metalífera. Porque literalmente la prohíbe una ley que impone restricciones muy duras que son incumplibles y que son políticamente nefastas, porque pasar una declaración de impacto ambiental por una legislatura no ocurre en ningún lado del mundo". Así se expresaba Alfredo Cornejo en junio de 2023, tres meses antes de ser ungido formalmente gobernador de Mendoza para cimentar 12 años de poder cornejista.
Fue en una entrevista en la que, además, se explayó sobre sus planes de achique estatal, ajuste y austeridad, entre otros puntos de propaganda de campaña.
Sobre las restricciones a la megaminería, el candidato dijo en esa oportunidad que "la dirigencia política hace barbaridades. El fracking está prohibido en Entre Ríos y no hay petróleo, pero sí venden la arena con la que hacen fracking en Vaca Muerta". Agregó en ese punto sobre la 7722: "Hay que exigirles a los que la bloquean más que a los que gobiernan".
Fue Cornejo quien, a fines de 2018 impuso por decreto el fracking, y a partir de ese momento diseñó y ejecutó un plan de rebaja de las regalías que deberían dejar las empresas en las arcas provinciales, además de ablandar las licitaciones para hacer fracking y perforar pozos convencionales más rápido y con menos trabas para las empresas.
"Yo me puse firme y eso corrió", dijo sobre el decreto de vía libre al fracking. Estaba respondiendo a una consulta sobre la resistencia social que genera la legalización del cianuro para megaminería en Mendoza.
Adversarios y asambleístas, a los tribunales
Desde la llamada pueblada del agua en 2019, la persecución a asambleístas fue, al igual que la ejercida contra opositores, uno de los hitos del cornejismo: con fiscales que responden al oficialismo se iniciaron causas a referentes de las asambleas y a vecinos, obligándolos a transitar pasillos oficiales y acudir a citaciones judiciales con abogados.
La causa contra Moyano es antológica porque está acusada de "privación de la libertad" de los senadores que en la Legislatura estaban votando el derribo de la 7722, mientras miles de mendocinos, entre ellos la mentada, protestaba afuera.
