Organizaciones de derechos humanos de Mendoza presentaron este jueves la Comisión Provincial para la búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas (Coprodep), que tiene como objetivo que "las instituciones públicas y la sociedad mendocina colabore en la búsqueda efectiva del destino final de las personas desaparecidas".
La iniciativa fue creada en respuesta a una medida reparatoria ordenada por el Tribunal Oral Criminal Federal 1 (TOCF 1), que condenó en junio de este año a los 18 imputados, en el juicio denominado "Destacamento 144", por los crímenes que resultaron víctimas un centenar de personas en esta provincia durante la última dictadura cívico-militar.
"La Coprodep es una comisión que tiene su origen en una medida que ordenó el TOCF 1, en el noveno juicio de lesa humanidad. Fue a pedido de la querella y tiene como finalidad que las instituciones públicas y sociedad mendocina colabore en la búsqueda efectiva del destino final de las personas desaparecidas", dijo a Télam una de las responsables de la comisión y abogada de derechos humanos, Viviana Beigel.
La presentación se realizó este mediodía en el Salón del Bicentenario, Anexo de la Cámara de Diputados de Mendoza, ubicado en calle Espejo 252, en la capital provincial, y del encuentro participó el presidente de la comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, el diputado (Protectora) José Luis Ramón.
Además, estuvieron presentes familiares de víctimas, diputados y diputadas provinciales, representantes del poder judicial y movimientos de Derechos Humanos, entre otros.
"El objetivo es que esta colaboración consista en la apertura de los archivos, que podamos compulsarlo, analizarlo y obtener nuevos datos de aquellas personas que prestaron servicio militar o si vieron el traslado de algún detenido en aquel momento, la idea es convocar a los mendocinos y mendocinas para que aporten esta información", explicó Beigel.
Asimismo, la abogada -que además fue parte de la querella del noveno juicio- se refirió al negacionismo por parte de algunos dirigentes, expresó: "Es tremendo que a 40 años de la democracia tengamos estas opiniones negacionistas, personas que con estos discursos pretenden banalizar lo que ocurrió en nuestra dictadura", resaltó la letrada.
"También años previo a la dictadura -continuó- con lo que fue sistemática represión al pueblo argentino y a quienes se oponían al régimen dictatorial. Son discursos que solamente pretender dar impunidad a quienes cometieron estos crímenes y va en contra la comunidad internacional toda felicitando a la argentina por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia", concluyó.
Durante el noveno juicio se juzgaron crímenes cometidos contra 107 personas, 61 de las cuales permanecen desaparecidas y tres fueron ejecutadas en el contexto del "operativo antijesuita" contra militantes que trabajaban con el cura José María "Macuca "Llorens en el barrio San Martín y múltiples detenciones en la IV Brigada Aérea, en la provincia de Mendoza.
Todas las personas que quieran aportar datos o información lo pueden hacer en la página oficial de Instagram o Facebook (Coprodep) o personalmente en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, ex "D2", en Avenida Belgrano 179 1°, ciudad de Mendoza.
Por su parte, la integrante de nodo de Abuelas de Plaza de Mayo Mendoza, Alicia Boggia, contó a Télam: "Mendoza ha tenido una historia de juicio de lesa humanidad importante, de hecho, fue la primera provincia donde se hizo un juicio a los civiles, a los jueces que ocuparon cargos en el Poder Judicial, en uno de los juicios en la sentencia se recomendó la creación de la comisión", recordó Boggia.
Cómo aportar información
Sobre cómo será metodología la integrante del nodo de Abuelas y de esta comisión, dijo que "se hará campaña de difusión, ir a los archivos de las organizaciones que hoy son democráticas, como las Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas y privadas para que abran sus archivos".
Otro integrante de la comisión y miembro de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, Nino Bonoldi, destacó que "es muy importante luego de 47 años de lucha, volver a nuestros queridos compañeros detenidos desaparecidos y compañeras, porque esta comisión lo que está buscando es tener datos de sus cuerpos, su destino".
Y agregó "El movimiento de Derechos Humanos ha hecho un largo camino en búsqueda de verdad, justicia, todos los juicios que hemos llevado adelante, todas las instancias judiciales en que hubo condena, pero ahora en este momento, estamos en el paso del amor hacia esos seres que tuvieron una vida y que no pudieron completar ese ciclo con la ceremonia de la muerte, es sumamente significativo para nosotros.
Por último, el fiscal Daniel Rodríguez Infante, quien participó del noveno juicio, expresó que "ojalá sea una instancia más para seguir buscando el paradero, y donde están los restos en Mendoza".
"Es una deuda de la administración de justicia, lo dijimos en el juicio, se ha avanzado mucho en termino de responsabilidad penal, no solo en Mendoza sino en todo el país, y el pacto de silencio hace que sea muy escasa la información que se ha logrado a lo largo y ancho del país, salvo hallazgo muy particulares como el Pozo de Vargas o algunos similares, son muy poco los datos positivos de recuperación de personas", dijo el fiscal a Télam.
Y agregó que "toda instancia que promueva a visibilizar la cuestión e intentar buscar una información adicional es algo que entendemos auspicioso y es algo que debemos apoyar, así lo hacemos desde la fiscalía, que entendemos que simbólicamente creemos que vuelve a poner en agenda este tema que está muy vigente, que no es el pasado, sino el presente, porque las víctimas desde su dolor siguen buscando a sus seres queridos", concluyó.
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El fallo
El TOCF 1 condenó el pasado 2 de junio a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad a seis de los 18 imputados en el juicio oral y público de la causa denominada "Destacamento 144" y aplicó penas que van desde los 7 hasta los 14 años para el resto de los acusados.
La acusación alcanzó no sólo a quienes se desempeñaban en actividades de Inteligencia sino a aquellos que formaban parte de las áreas operativas durante la represión en el cual las víctimas, en su mayoría militantes políticos, fueron secuestrados y trasladados a distintos Centros Clandestinos de Detención.
