Los senadores provinciales del Partido Demócrata Carlos Aguinaga y Ernesto Corvalán copiaron el decreto de Mauricio Macri que legisla un régimen de excepciones legales para los dueños de los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires en un proyecto de Ley que presentarán en la Legislatura local para que rija en Mendoza.
“Ante las graves amenazas llevadas adelante por el gobierno nacional, nos vemos obligados a realizar un aporte a favor de la plena vigencia de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa, que deben ser resguardados de manera más explícita, por leyes que los garanticen frente al ataque del actual gobierno”, fundamentó Aguinaga antes de la presentación del proyecto espejo del decreto de Macri.
“Como representantes del pueblo, tenemos que garantizar la vigencia de la democracia y la república que ha puesto en peligro este gobierno de carácter totalitario, y por eso no podemos permitir que desde el poder central se logre ocultar a las voces que piensan distinto, favoreciendo la corrupción”, agregó el senador demócrata.
Los demócratas dieron a conocer un texto copiado de un proyecto que se presentará en la provincia de Buenos Aires con el apoyo de Pro y el PJ disidente y que sería el articulado de la iniciativa que prometieron ingresar a la Legislatura.
A continuación el textual del comunicado del Partido Demócrata
El presente proyecto de ley garantiza:
1) - a favor del periodismo y de los medios de comunicación, que no se pueda intervenir, desapoderar, despojar, ningún inmueble, instalación, equipo, maquinaria, insumo o suministro necesario directa o indirectamente para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas, tanto de periodistas como de medios.
2) - que ninguna autoridad pública pueda intervenir en manera alguna, ni designar interventores, administradores o veedores, ni participar en la dirección de los medios de comunicación, cualquiera sea el soporte o modalidad que estos utilicen.
3) - que en ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni ninguna otra medida cautelar sobre bienes de los periodistas o medios necesarios para realizar su actividad. El acreedor podrá cobrarse de los mismos, sólo si no hubiere otros bienes sobre los que pueda hacerlo.
4) - que ninguna norma o acto administrativo dictado en otra jurisdicción, puede afectar los derechos de los periodistas y de los medios de comunicación, garantizados por la Constitución Nacional, Provincial, Tratados Internacionales y por la presente ley.