Por Melisa Jofré
Para Parlamentario
Bandejas con tazas de café y más café ingresaron durante toda la jornada de este miércoles al despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde las negociaciones por la ley de Bases entre el oficialismo y los bloques dialoguistas parecieron empantanarse, pero al final del día se destrabaron y se acordó ir al plenario de comisiones este jueves para dictaminar.
A las 11.30 está previsto que en la Comisión de Legislación General asuma como presidente el libertario Santiago Santurio, quien reemplazará al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza tras el desplazamiento de Oscar Zago. Cuarenta y cinco minutos más tarde arrancará el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para tratar la ley de Bases. Mientras que a las 16 será el turno de Presupuesto por el paquete fiscal.
Numerosas expresiones en minoría se sucedían dentro del recinto, en la sesión caída que había pedido Unión por la Patria, cuando Martín Menem abandonó el estrado y se encargó de encabezar en su oficina las conversaciones entre funcionarios y diputados por el proyecto que ambiciona hace tiempo el Gobierno y que fracasó en febrero pasado.
El diálogo entre las partes, que días atrás se dio en Casa Rosada, se trasladó esta semana ya al Congreso, donde se analizó la letra chica de la renovada ley ómnibus. Este miércoles, hubo trabas por la reforma laboral que la UCR propuso incorporar y por el capítulo de impuestos internos al tabaco.
La inclusión de unos 60 artículos sobre “modernización” del trabajo no contó con la anuencia de otro bloque dialoguista, el que lidera Miguel Pichetto. Fue el experimentado legislador quien salió a quejarse este miércoles por la mañana de que se hayan sumado cuestiones que “no estuvieron en el diálogo” con el Ejecutivo e incluso apuntó contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Durante la tarde, desde la UCR llegaron a advertir: “No va a salir la ley de Bases si no está la reforma laboral. Es un compromiso que el Gobierno asumió con nosotros desde el primer minuto”. “Nosotros sabemos que si lo sacan (del proyecto), el tema no sale más”, agregó un diputado del espacio.
Además de los gobernadores -preocupados más por la cuestión fiscal-, quienes dijeron que “si la reforma laboral es un obstáculo, que se trate más tarde”, hubo también diputados de la oposición “friendly” que sugirieron al oficialismo no avanzar con tantos cambios porque “no pasa en el Senado”.
Sí desde Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, estaban a favor de tres puntos de la reforma laboral: la eliminación de multas por trabajo en negro, la extensión a ocho meses del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Son cambios en los que había coincidencia con el Pro y la UCR.
Tras horas de negociaciones, desde el Gobierno acercaron una contrapropuesta a los jefes de bloques, que la analizarán en sus respectivas reuniones antes del plenario. Contendría los temas en los que todos estarían de acuerdo.
Al culminar la cumbre en el despacho de Menem, pasadas las 19 de este miércoles, desde la UCR le bajaron el tono al asunto: “El radicalismo está para dictaminar, no está entorpeciendo”. La misma fuente afirmó que “en general” este sector estaría a favor de la nueva redacción de reforma laboral, tema que desde ese bloque se pujó por sumar al proyecto.
Otro de los puntos que este miércoles generó tensión en las conversaciones fue el del porcentaje de impuestos internos al tabaco, algo que se pronostica no tendrá acuerdo total, sino más bien disidencias. Mientras la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (donde salteños y misioneros están especialmente plantados en el tema) irán con una propuesta, el Pro y el oficialismo tendrán otra.
El día anterior, el diálogo había avanzado de manera más fluida, al cerrarse cuestiones relacionadas a la reforma administrativa, fondos fiduciarios, la eliminación de un artículo que otorgaba amplias facultades al Ejecutivo, la creación de una prestación previsional proporcional a los años de aporte -ante la eliminación de la moratoria jubilatoria- y cambios en el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre este último punto, la oposición más dura alertará por el informe del GAFI a la UIF sobre cómo este nuevo régimen podría favorecer al lavado de dinero.
