Con la Ley 7722 convertida en letra muerta por el nuevo Código de Procedimiento Minero, Alfredo Cornejo recibió a dos empresas australianas del rubro y reiteró sus intenciones de ir a fondo con la megaminería metalífera. “Hay un plan que consiste en hacer minería en un corto plazo, principalmente con el cobre, que en Mendoza hay en cantidad y creemos tener licencia social en el Sur”, soltó el mandatario,
"Con la agricultura, vitivinicultura y el turismo no podemos sostener la economía. Necesitamos insertarnos en el mundo con minería sustentable”, agregó. La frase cobra especial relevancia en el contexto en que se discute el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluído en la Ley Bases, que brinda a las mineras de capitales extranjeros enormes beneficios impositivos y ventajas respecto a la industria nacional.
Sustentable es la palabra elegida en la estrategia de Cornejo para vencer la resistencia al extractivismo a gran escala. No obstante, el propio gobierno reconoce que desconoce si la extracción de cobre podrá hacerse con otro método que no sea la lixiviación asociada al cianuro.
Esto no le impidió a Cornejo avanzar a toda marcha. Y en ese tren es que activó el proyecto "Malargüe Distrito Minero Occidental", punta de lanza para enterrar la 7722: van a pasar más de 300 proyectos mineros en una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en vez de que todas sean tratadas por la Legislatura.
“Estamos trabajando en un informe de impacto ambiental que incluye 18 mil km2 en el Sur, con más de 300 proyectos de minería”, les dijo a los empresarios Ben Auld, máxima autoridad de Mining Plus, y Paul Murphy, experto en Ingeniería Geotécnica e Ingeniería de Minas, a quienes recibió en Casa de Gobierno.
Además, por el Gobierno de Mendoza estuvieron presentes el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz.
Latorre, en contra de que las empresas paguen más regalías
En la víspera de la reunión con los australianos, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, manifestó su oposición a que Mendoza cobre más regalías por lo que se llevan las empresas mineras de la cordillera y el subsuelo mendocino.
Fue en contexto de la discusión sobre la Ley Bases y el Régimen de Promoción de las Grandes Inversiones (RIGI), por el cual legisladores patagónicos exigieron a. la Nación que las mineras tributen más por lo que se llevan, elevándolo del 3% al 5% en boca de mina, es decir, ni siquiera del valor del mineral procesado, que es mayor.
