Alvear es un pandemónium. El intendente Juan Carlos De Paolo alentó sospechas de coima o acciones por el estilo de parte de la oposición en el Concejo Deliberante en la sanción de una ordenanza que decide subsidiar los $200.000 que cuesta un estudio de obra para una realización que la comuna no prevé hacer. El jefe comunal perdió el control del Concejo Deliberante en la pelea de su sector interno en el peronismo (Azul) con el del vicegobernador Carlos Ciurca (La Corriente), al convertirse en opositor Luis Gutiérrez, un ciurquista que pactó con los radicales y se quedó con la Presidencia del Concejo.
La implosión en el PJ le abrió el juego a la oposición que pasó de perder a ganar las votaciones en el deliberante, con seis voluntades, incluida la del presidente del cuerpo, contra cuatro que responden al intendente. Con ese escenario político y distribución del poder del Concejo, la oposición votó una ordenanza a favor de subsidiar un estudio "el estudio técnico y de la factibilidad de la provisión de gas licuando de petróleo por red al distrito de San Pedro del Atuel".
Seis a cuatro, resultó la votación. Para el intendente, como la decisión involucraba reasignación de presupuesto, para ser consagrada ordenanza necesitaba dos tercios de los votos, no la mayoría simple, como se interpretó en la sesión en la que se trató la iniciativa. De Paolo vetó la ordenanza y anunció que irá a la Justicia para que se investiguen presuntos delitos cometidos por los ediles que le dieron sustento a la norma que ordena al Municipio entregar $200.000 a la Cooperativa Eléctrica de San Rafael para que le pague a Coprogas, una cooperativa de Luján, el estudio de factibilidad en cuestión. En concreto, la ordenanza pretende una contratación directa, sin licitación, denunció el Ejecutivo.
Para el Ejecutivo, hay algo raro detrás de la decisión del Concejo, además de ser la norma "ilegal", publicó el portal 1 Alvear del departamento sureño. El sitio abordó varias aristas de la pelea y confirma que el pleito terminará en la Justicia con una investigación por presuntos delitos impulsada por el intendente.
Para el Ejecutivo, la ordenanza "es al menos sospechosa y con el único fin de evitar y eludir la normativa legal vigente".
Además, reveló partes del decreto de veto de la ordenanza firmado por De Paolo. "El otorgamiento de un aporte o subsidio a un particular (Cecsagal) para que contrate con otro particular (Cooprogas) y con el propio Estado para la concreción de una obra pública, es ilegal y violatorio de la normativa vigente que rige las contrataciones del Estado, atento a que la ley 3.799 de Contabilidad de la Provincia establece en el artículo 28 que como norma general todo contrato se hará por licitación pública cuando el mismo se deriven gastos y por remate o licitación pública cuando se deriven recursos".
De Paolo dice que el estudio en cuestión lo hará gratis Ecogas y que a Carmensa llevará gas natural, porque "cuesta 10 veces menos que el gas licuado".
