El gobierno de Alfredo Cornejo dio este miércoles un paso más en la profundización de su política de criminalización de la protesta: apalancado por fiscales y jueces afines, sentó en el banquillo de los acusados a varios referentes sindicales que lideraron protestas durante la gestión cornejista.
Ocurrió horas antes de que la Legislatura aprobara en Diputados la adhesión de Mendoza al RIGI por el cual hubo protestas, lideradas por vecinos y asambleístas.
El oficialismo pretende someter a juicio por diversas manifestaciones a dirigentes de ATE, SITEA, Apel y Atsa, imputándolos por el Artículo 194 por movilizaciones en el marco de las paritarias. En paralelo, pactó con la CGT una supuesta "paz social" que le garantiza que no habrá protestas mientras ejecuta su plan de desguace y despidos y la imposición de la megaminería.
"Son cuatro causas de junio de 2022 por manifestaciones pacíficas en plenas paritarias. En 15 o 20 días hubo cuatro manifestaciones. En todas las causas les atribuyen a los acusados, de todos los gremios haber violado el artículo 194 del Código Penal por obstaculizar el tránsito", detalló a EXPLICITO Alfredo Guevara, defensor de Raquel Blas (SITEA), sobre los procesos impulsados por el oficialismo.
Pero mientras se discute cuál es el delito y se resuelve la elevación a juicio, la justicia posterga una y otra vez con cuartos intermedio las definiciones, con el consecuente desgaste y sometimiento a audiencias a los acusados. Es el mismo modus operandi que aplica Cornejo con asambleístas y líderes vecinales que encabezaron las protestas por el agua en 2019.
Macho, encarcelado en plena paritaria
Entre los sindicalistas que el Gobierno hace fatigar los Tribunales están Roberto Macho, secretario general de ATE, y de este gremio también Adriana Iranzo (secretaria adjunta), Roberto Podio (secretario de Comunicación) y Romina Castro (secretaria de Derechos Humanos).
En 2022, Roberto Macho fue encarcelado "por rechazar una propuesta salarial en baja estuvo detenido, ese es el verdadero ejemplo que hay en Mendoza cuando haces uso del derecho constitucional de protestar, ir preso". De esta manera sintetizó ATE la política de persecución ejecutada por Rodolfo Suarez.
En ese momento, Suarez ensalzó la política de persecución y criminalización de la protesta vigente en esta provincia que llevó a Macho a la cárcel por protestar.
Macho fue encarcelado merced a una política de persecución del cornejismo en tándem con el aparato de poder judicial manejado por el oficialismo, apalancado en este caso por el fiscal Fernando Giunta Baglini y el procurador Alejandro Gullé.
Giunta es uno de los fiscales más cuestionados del fuero, blindado por el cornejismo desde que fue denunciado por violencia de género. Hasta ese momento, y pos sus reiteradas actuaciones en favor del oficialismo en favor de escalar posiciones -tanto durante el gobierno de Cornejo como el de Francisco Pérez- había sonado como un firme candidato a la procuración, que finalmente ocupó Gullé, del círculo rojo del poder cornejista.
Macho fue detenido tras una multitudinaria asamblea de trabajadores en el Hospital Notti. Fue tras una denuncia del Gobierno por los cortes de calle en el marco de protestas por los salarios de pobreza. Usó la figura de la reiterancia, que introdujo precisamente Cornejo cuando modificó el Código Procesal Penal.
"En plena negociación paritaria nos quieren llevar a juicio oral por protestar por el salario de los trabajadores, por manifestarnos pacíficamente o por ir a una reunión paritaria. Están imputando a todos. La persecución política, la impunidad que está teniendo el Gobierno manejando a los fiscales títeres de turno. Deberían ser poderes independientes. Por más persecución y reprimendas no nos vamos a arrodillar", dijo Macho al salir de la audiencia.
El caso de Raquel Blas
Otra de las líderes sindicales que sentaron los fiscales oficialistas en el banquillo es Raquel Blas, de SITEA, por una manifestación en la que no estuvo, pues estaba en otro punto de la ciudad.
"Las defensas planteamos distintas nulidades. En el caso de Blas la acusan de una manifestación en el nudo vial pero ella estaba en otra concentración con otra bandera y otro sindicato que es el SITEA. Además de la criminalización de la protesta y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión planteamos la nulidad por arbitraria y discriminatoria. Hay una serie de defectos específicos en las causas que provocan la nulidad", agregó Guevara sobre la audiencia de este miércoles.
"Es un efecto amedrentador, disciplinador. Son procesos penales fraudulentos porque se aplica sanciones indebidas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. Se quiere lograr menor participación social, menos democracia y más autoritarismo", cerró el abogado.
