Tras la sanción de la ley de adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), asambleístas anunciaron que acudirán a la Justicia para frenarlo. Fue una de las opciones que se barajó en medio de las protestas este lunes en las afueras de la Legislatura, donde vecinos y asambleístas repudiaron a los senadores que dieron el voto final.
Hizo punta en el anuncio de la judicialización la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, uno de los principales bastiones de defensa de la Ley 7722 y con un rol central en lo que fue la pueblada de diciembre de 2019.
"Con la aprobación de la adhesión al RIGI en Mendoza se viene una respuesta judicial desde nuestra Asamblea y el diseño colectivo de nuevas estrategias para hacer frente a lo que se nos viene, sin renunciar a las banderas que hemos alzado desde un principio. Esto recién comienza", señaló la organización en sus redes.
Uspallata está en alerta por el embate contra la 7722 desde que el proyecto San Jorge desempolvó el trámite para extraer oro de la cordillera en esa villa montañesa.
También deslizó la posibilidad de la judicialización el diputado Jorge Difonso (LUM). "Uno de los caminos a seguir es la judicialización porque es claramente inconstitucional (el RIGI). Vamos a reclamar la plena vigencia de la legislación provincial", anticipó el legislador a EXPLÍCITO.
Analizó Difonso que la adhesión al RIGI es "parte de un plan que incluye la criminalización de la protesta, con causas contra quienes se manifiestan, el Código de Procedimiento Minero, el Código de Agua, la eliminación de la lucha antigranizo, los cierres de los institutos claves para el agro... Claramente quieren correr a todos los que van a disputar el agua".
La Corte, último recurso
Un pedido de inconstitucionalidad de la adhesión al RIGI así como un reclamo de afectación de derechos colectivos debería ser tratado por la Suprema Corte.
Sin embargo, la Corte que convalidó la ley llamada "guardiana del agua" es muy distinta de la actual: la reforma que impulsó Cornejo no sólo disolvió la Sala 2 que le era "adversa en su composición, sino que los asuntos de incidencia colectiva, como los ambientales, deberán resolverse por el pleno, y allí el filoradicalismo es mayoría.
