En tren de sintonía total con el plan de desguace del Estado, Alfredo Cornejo disolvió el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), y echó a todos sus empleados. Ambas instituciones estaban bajo el ala del bodeguero y ahora ministro de Producción, Guillermo Vargas Arizu,
Según la propaganda del achique que sostiene el Ejecutivo, esta vez en voz de Arizu, el gobierno se ahorrará $1.700 millones, aunque los empleados dudan de esa cifra y harán una protesta en el polo TIC (Rafael Cubillos 2056, de Godoy Cruz) este lunes.
Cornejo y Arizu planean además ajustes en el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS). El IDR empleaba a 33 personas, y el IDC a 14 empleados, y desde hace más de 25 años provee de información de los sectores agrícola, vitivinícola, a la vez que es responsable de y ejecutar programas y proyectos que conduzcan al desarrollo sustentable del territorio.
"Nos desvincularon desde el 1 de julio. Arizu dijo que se va a ahorrar 1.700 millones, de los cuales hay que ver las cuentas. Trabajamos muchísimo para la gente del campo, que creo que el ministro no conoce. Disolvieron una muy importante institución que trabaja desde hace más de 25 años. Estamos consternados", señaló Iris Santilii, delegada de los trabajadores, en radio Nihuil.
"Podrían haber hecho otra propuesta, hablar con los trabajadores y ver qué se podía hacer, pero vinieron a ojos cerrados y lo cerraron", remarcó.
El Gobierno admitió que "esta decisión implicará que no enviará más subsidios a los mismos para sostener sus gastos operativos. Desde hace más de 8 años que el Gobierno de Mendoza se ha transformado en el único aportante de los recursos necesarios para el funcionamiento de estas fundaciones”.
El desguace será total: “Para este año, se prevé transferencias en subsidios que alcanzarían los $ 1.700 millones -incluido el IDITS- recursos que en más de un 95% terminan destinados al pago de salarios. En un contexto de restricción presupuestaria se hace imprescindible lograr un uso eficiente de los recursos públicos, originados en el pago de impuestos por parte de los contribuyentes. Esta es una medida más, que contribuye a sostener y fortalecer el equilibrio fiscal, una de las metas de gestión de este gobierno”.
