Litio en San Rafael. Hierro Indio en Malargüe. Creación del Código de Aguas. Disolución del Epas. La agenda megaminera del cornejismo irá por más después del ok definitivo de la Legislatura al paquete de 34 proyectos de exploración de cobre en Malargüe.
Esta semana es el turno del Senado. Y aunque la discusión pueda ser más áspera que en Diputados -donde sólo tuvo 5 votos en contra- el oficialismo descuenta la aprobación con votos propios, como ocurrió con la adhesión al RIGHI, cuando la mayoría a favor de Cornejo (19 votos propios más 5 de LUM) neutralizó al PJ, el Partido Verde y tres"rebeldes" demarchistas que votaron en contra.
Ahora, Hierro Indio
Después de pasar la "zonificación minera" que implican los 34 proyectos de exploración de cobre bajo el nombre "Malargüe Distrito Minero Occidental", Cornejo irá por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la extracción de litio del proyecto Don Luis, en San Rafael.
El proyecto que le bocharon a Paco Pérez
Por estos días Cornejo rosquea para que la Legislatura avance con la explotación de cobre en Hierro Indio, que ya concluyó su fase exploratoria.
El presidente de Hierro Indio SA, Rafael Dahl, se reunió con la ministra Jimena Latorre y anunció que la empresa comenzará a elaborar el Informe de Impacto Ambiental de explotación, para que en los próximos meses sea presentado al Ejecutivo y luego en la Legislatura.
Para preparar el terreno, el Ejecutivo llevó a una comitiva de legisladores la semana pasada al yacimiento. Hierro Indio, junto con Cerro Amarillo -que se llevó puesta de facto la 7722 al habilitar el xantato- abrirían las puertas a San Jorge, otro gran gigante dormido que espera desde hace años su oportunidad.
Chau EPAS, todo el poder a Marinelli
Con media sanción en Diputados, esta semana avanzó en comisiones de la Legislatura el proyecto del oficialismo para disolver el EPAS y pasarle todo el poder del manejo del agua a Sergio Marinelli, titular de Irrigación y pieza clave en la expansión del fracking en Mendoza. El EPAS es uno de los entes de control bajo dominio del cornejismo, como el EPRE, el EMOP y la oficina de Ética Pública.
La disolución del EPAS anticipa una suba de tarifas, y en ese sentido Marinelli ya se ha pronunciado por cobrar según cantidad de consumo.
El manejo del agua por parte del Ejecutivo a través de Irrigación será total. El proyecto señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, convocará a los organismos de la administración central y descentralizada, institucional o territorial, con competencia hídrica, para que procedan a unificar sus procedimientos en la aplicación de las normas de calidad, su control y la promoción de los sistemas de tratamiento más convenientes”.
Código de Aguas, allegro ma non troppo
Desde que arrancó con su embate prominero, Cornejo sumó a su alfil Sergio Marinelli en la confección de un Código de Aguas que destierre las antiguas leyes que rigen el uso y administración del agua.
El Código de Aguas que impulsan establece que el gobernador de turno puede convertir a la minería en la prioridad de la entrega de agua de los ríos si considera que esta opción será más rentable que regar el arbolado público, por ejemplo.
Esto alarmó a los sectores productivos, que hicieron caravanazos y mostraron su oposición a ambos funcionarios en cuanto foro pudieron alzar la voz. En paralelo, expertos de fuste a los que el Gobierno reivindica, como Guillermo Mathus Escorihuela, cuestionaron la falsa escucha que aplica como método el oficialismo, que consiste en convocar a múltiples voces para después clavar el visto.
Ante el amplio rechazo al proyecto, el Subdelegado de Aguas del Río Atuel, Martín Hidalgo, se apuró en aclarar que “no hay un fecha exacta sobre cuando ingresaría el texto a la legislatura, pero previo a ello los autores van a analizar todas la observaciones buscando un consenso general para elaborar el texto final. Se va a buscar la mayor aceptación para lograr un proyecto útil, ya que pretende que el mismo sea utilizado durante muchos años”.
Además de la oposición de referentes de los oasis productivos, la Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE), que reúne a entidades amigables con el Gobierno, como la FEM, la UCIM, la UIM, Acovi, entre otras, entregaron a Marinelli los puntos del Código a los que se oponen:
