Mediante el decreto 3/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno disolvió la Administración General de Puertos que controlaba la hidrovía del río Paraná y creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), entidad autárquica dependiente del Ministerio de Economía.
En el decreto explicó que esta entidad asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por si mismo o por terceros.
El objetivo es ceder a manos privadas el control del río más importante para la economía local por un período de 30 años, excluyendo explícitamente al Estado de cualquier tipo de supervisión, lo que podría derivar en la pérdida de soberanía de un recurso estratégico, ya que por allí transita el 80 por ciento de las exportaciones de país cuyo control quedaría en manos extranjeras.
Entre las consideraciones, el Ejecutivo tomó el artículo 40 del Decreto 70/23 que “derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado, y por el artículo 48 de dicho decreto se dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas, sin prerrogativa pública alguna“.
Mientras que, según consideró el Gobierno, “a lo largo de los últimos años la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias”.
Además, designó a Iñaki Miguel Arreseygor como su director ejecutivo por cuatro años.
La disolución de la AGP coincide con un momento crítico para el comercio exterior argentino. Actualmente, se encuentra en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares, lo que generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo, muchas de las cuales desplegaron estrategias de lobby en el país en busca de adjudicarse el contrato.
