La Jefatura de Gabinete dispuso el cierre de unos 70 programas vinculados al área de ciencia y tecnología que se venían desarrollando con fondos públicos. A tal efecto instruyó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para que proceda a la evaluación de los programas en curso y en los casos que corresponda, dar fin a los convenios que los sostienen.
La decisión se instrumentó a través de la resolución 10/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí se detalla la “situación de crisis económica y financiera de inédita gravedad” y se invoca la Ley Bases, que habilita a “eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población”.
Tras la puesta en vigencia del decreto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quedará en condiciones de hacer una evaluación de los convenios en marcha, agrupándolos en diferentes categorías que considerarán si los proyectos ya cuentan con fondos transferidos, si están en marcha o no comenzaron a ejecutarse y si los plazos para su ejecución están vencidos.
Aquellos con transferencias realizadas que no alcancen el 30% de ejecución deberán ser rescindidos y las jurisdicciones involucradas deberán devolver los montos no utilizados más los intereses.
Repudio en todo el país
En un comunicado conjunto, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron su enérgico rechazo a la Resolución 10/2025, publicada en el Boletín Oficial este jueves.
Esta norma, emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Guillermo Francos, plantea modificaciones que consideran un «ataque directo» a la investigación científica y un retroceso en políticas públicas.
“La resolución constituye un acto de desmantelamiento de la estructura científica nacional, orientado a eliminar proyectos esenciales relacionados con ciencias sociales, medio ambiente y calentamiento global, áreas claves para el desarrollo sostenible de la Argentina y el bienestar de su población”, señalaron.
Asimismo, destacaron que la medida refleja “una visión negacionista” y alertaron sobre “las graves consecuencias laborales y profesionales” que afectarán a trabajadores de la ciencia. “Miles de investigadores podrían quedar sin recursos para continuar sus proyectos”, señalaron.
El comunicado de las Federaciones sindicales denuncia que esta Resolución 10/2025 prioriza “una política de ajuste fiscal por encima del desarrollo estratégico”. En particular, critican que el artículo 3 permita “la renegociación o rescisión unilateral de convenios ya aprobados”, generando inseguridad jurídica y desincentivando la inversión en investigación.
“Esto es un golpe mortal para los proyectos en curso, que quedarán paralizados o desfinanciados”, afirmaron las federaciones. Además, subrayaron que el enfoque del Plan Estratégico 2024-2025, mencionado en los considerandos de la resolución, excluye temáticas fundamentales como el medio ambiente y las ciencias sociales, focalizándose en áreas como agroindustria, energía y minería.
