Donald Trump ordenó revisar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. En un movimiento que ha generado un intenso debate en los círculos jurídicos, empresariales y políticos, el presidente Donald Trump ha ordenado a la procuradora general Pam Bondi que detenga las acciones tomadas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) hasta que se emitan nuevas pautas de cumplimiento.
Según una hoja informativa sobre la orden ejecutiva, obtenida por Bloomberg News, esta medida incluye la revisión de todas las acciones actuales y pasadas relacionadas con la aplicación de la ley.
Este anuncio ha reavivado las discusiones sobre el equilibrio entre la ética empresarial y la competitividad global, así como sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción internacional.
Una ley que promulgada en 1977
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, promulgada en 1977, es una legislación clave en la lucha contra la corrupción a nivel global. La ley prohíbe a las empresas y personas con vínculos con Estados Unidos pagar sobornos o ofrecer regalos a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o retener negocios en el extranjero. Desde su implementación, la FCPA ha sido una herramienta fundamental para promover la transparencia y la integridad en las operaciones comerciales internacionales, y ha servido como modelo para leyes similares en otros países.
Sin embargo, la FCPA también ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores empresariales y políticos, quienes argumentan que su aplicación puede poner a las empresas estadounidenses en desventaja competitiva frente a competidores internacionales que operan en entornos menos regulados. Este es precisamente el argumento que Trump y sus aliados han utilizado para justificar la revisión de la ley.
El argumento de Trump: que la ética no afecte la competitividad
La hoja informativa obtenida por Bloomberg News señala que "las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de la FCPA porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual". Este argumento no es nuevo; durante su primer mandato, Trump ya había considerado la posibilidad de eliminar o modificar sustancialmente la ley, alegando que su rigidez perjudicaba los intereses comerciales de Estados Unidos en el extranjero.
Para Trump y sus partidarios, la revisión de la FCPA es un paso necesario para garantizar que las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones en mercados donde la corrupción es una práctica arraigada. Según esta perspectiva, la ley actual sería demasiado restrictiva y no tendría en cuenta las realidades del comercio internacional, donde los sobornos y los pagos irregulares son, lamentablemente, una práctica común en muchos países.
Críticas y preocupaciones
Sin embargo, la decisión de Trump ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de expertos en ética empresarial, organizaciones anticorrupción y algunos legisladores. Los críticos argumentan que debilitar la FCPA o reducir su aplicación enviaría un mensaje equivocado sobre el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción y podría socavar los esfuerzos globales para promover la transparencia en los negocios.
Organizaciones como Transparencia Internacional han advertido que cualquier relajación de la FCPA podría tener consecuencias negativas no solo para la reputación de Estados Unidos como líder en la lucha contra la corrupción, sino también para la estabilidad de los mercados globales. La corrupción, señalan, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y perpetúa la desigualdad, por lo que cualquier medida que facilite su práctica sería contraproducente a largo plazo.
Además, algunos expertos jurídicos han cuestionado la legalidad de la orden ejecutiva, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para suspender unilateralmente la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. Este aspecto podría dar lugar a desafíos legales y prolongar el debate sobre el futuro de la FCPA.
Implicaciones para las empresas estadounidenses
Para las empresas estadounidenses, la revisión de la FCPA plantea tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, una aplicación más flexible de la ley podría facilitar la expansión en mercados donde las prácticas corruptas son comunes, permitiendo a las empresas competir en igualdad de condiciones con sus rivales internacionales. Por otro lado, cualquier relajación de los estándares éticos podría exponer a las empresas a riesgos reputacionales y legales, especialmente en un entorno global donde los inversores y consumidores valoran cada vez más la responsabilidad corporativa.
Además, la incertidumbre generada por la revisión de la FCPA podría crear un clima de inseguridad jurídica para las empresas, que tendrían que navegar entre las expectativas de cumplimiento actuales y las posibles nuevas pautas que emerjan de este proceso.
