El gobierno local pretende frenar, o al menos mitigar, con una ley que aplique multas y virtuales arrestos las agresiones contra los docentes por parte de padres en el ámbito escolar. “Hoy los docentes están sufriendo por parte de padres violentos situaciones que no estaban contempladas en la Ley, en donde los educadores se sienten vulnerables y desprotegidos, es por eso que, con esta iniciativa, vamos a darle un marco legal necesario”, expresó la directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer.
Además de la ley que castigue a los agresores, la DGE planea aplicar un protocolo que guíe al docente al momento de actuar frente a situaciones escolares conflictivas en conjunto con el Consejo Provincial de Educación. Según las autoridades, "se realizó un fuerte trabajo con el fin de proteger a docentes y directivos frente a situaciones violentas, que en algunas ocasiones les toca vivir dentro del ámbito escolar, por parte de los padres, como así también aquellas que ocurren entre alumnos".
El objetivo de la Ley, que la semana próxima será enviada a la Legislatura Provincial, "es darle rango de falta y por ellos sus respectivas penas, cuando un padre arremete, ya sea física o verbalmente a un docente o directivo de una institución educativa, como así también cuando no cumpla con los horarios correspondientes de ingreso y retiro de sus hijos a la salida del colegio de manera injustificada", señalaron en el Gobierno.
Uno de los últimos episodios conocido mediáticamente, aunque con un título errado por parte de muchos medios de comunicación, ocurrió en Las Heras, cuando a un alumno de primaria le pusieron una mala nota en una prueba, la madre se fue a quejar, discutió con la maestra y le pegó cuando el niño se escapó de la madre por temor a represalias. Muchos medios hablaron de un falso intento de secuestro, cuando el trasfondo del problema era otro.
“Hoy los docentes están sufriendo por parte de padres violentos situaciones que no estaban contempladas en la Ley, en donde los educadores se sienten vulnerables y desprotegidos, es por eso que, con esta iniciativa, vamos a darle un marco legal necesario” expresó Abrile de Vollmer.
El proyecto elaborado establece que "aquel padre, madre o tutor que agreda al personal docente o no docente con desempeño en establecimiento educativos públicos o privados podrá ser sancionado con una pena de hasta 30 días de arresto o una multa de hasta $3 mil".
La misma sanción corre para los padres que, de manera injustificada y reiterada, no cumplan con los compromisos asumidos con las escuelas respecto a los deberes de guarda de sus hijos menores de edad, tales como el cumplimiento de horarios de ingreso y retiro de clase una vez finalizado el cursado, según prevé la iniciativa oficial.
