El gobernador Francisco Pérez eligió una salida tribunera a último momento para sacarse de encima un tema del que no se ocupó a tiempo, a tono con la generalidad de la clase política mendocina representada en la Legislatura. Anunció este jueves que convocará a los jóvenes de 16 y 17 años a votar por los cargos provinciales y municipales que se pondrán en juego en las legislativas a través de un decreto pensado para que no se ejecute.
El propio gobernador aclaró la situación sin demasiado cuidado por desenmascarar que el decreto destinado a los nuevos votantes habilitados por una ley nacional en el orden provincial está destinado a morir en una impugnación judicial. La Constitución de Mendoza establece que la edad mínima de los votantes es 18 años y el Partido Demócrata, al menos, irá a la Justicia para que se cumpla ese designio constitucional no bien el mandatario promulgue el decreto para que los mendocinos de 16 y 17 años puedan votar si quieren por diputados y senadores provinciales, además de concejales si en la comuna que residen no se desdoblan los comicios.
Conocedor de esta situación, informada directamente al ministro de Gobierno, Félix González, por los jerarcas del PD, el miércoles, Pérez firmará dos decretos diferentes de convocatoria a las generales legislativas provinciales. Uno será el que tradicionalmente firma el mandatario de turno para convocar al electorado para el 27 de octubre, en coincidencia con las legislativas nacionales. Y el otro será para llamar a votar a los jóvenes de 16 y 17 años.
El segundo decreto nacerá muerto, con la complicidad del gobernador. Es que para concretar efectivamente la ampliación del derecho al sufragio a la franja etaria añadida en la Ley Electoral Nacional en Mendoza era necesario un gran acuerdo que involucrara a todas las fuerzas anotadas para las elecciones. Esto se sabía desde octubre, cuando se aprobó la norma en el Parlamento, pero recién el miércoles fueron convocados por el Gobierno los partidos con representación legislativa para tratar la cuestión.
En plena campaña, el radicalismo consideró que se trató de una maniobra de manipulación por parte del Ejecutivo, mientras que los demócratas plantaron bandera en contra. Todos los entendidos en derecho constitucional consultados por los medios desde el miércoles coincidieron en que es inviable la votación de los menores de 18 años en las elecciones provinciales y municipales de Mendoza a menos que todas las fuerzas políticas acordaran obviar el mandato constitucional en la materia.
Más claro: el Partido Demócrata planteará la inconsitucionalidad del decreto en la Justicia, con 99,9% de posibilidades de obtener un fallo a favor. Ergo, el decreto de Pérez necesitará de un milagro para no morir en el parto.
Mientras tanto, Pérez y la dirigencia política provincial se perdió la posibilidad de someter a la votación de los mendocinos la modificación del artículo de la Constitución que obstaculiza el voto de los menores de 18 años para que en 2015 no se repita la actual situación. En la carta magna mendocina está contemplada la posibilidad de reformar un artículo de la Constitución por año sin necesidad de constituir la Asamblea Constituyente.
