Así lo consideró el gobernador Francisco Pérez, quien participó de un encuentro argentino chileno celebrado en Santiago. Aunque no estaba previsto, la extradición del ex juez se coló en el debate.
La extradición de Otilio Romano por parte de Chile, después de un pedido realizado en 2011, fue celebrada por Francisco Pérez, quien participó en ese país de la V Reunión Binacional de Ministros de Chile y Argentina en conjunto con la III Reunión Binacional de intendentes chilenos y Gobernadores Argentinos de la frontera común, en la cual se coló inevitablemente en la agenda la detención del ex juez mendocino. "La justicia chilena dio un paso importante en la articulación entre ambos países en la extradición de una persona que está imputada en más de 120 delitos de lesa humanidad", señaló el mandatario al respecto.
Romano se fugó al país trasandino tras ser destituido en 2011 por amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Después de que el órgano supremo de justicia de Chile negara el asilo en ese país, Romano fue detenido y será extraditado a Mendoza para ser juzgado por 34 delitos de privación ilegítima de la libertad con desaparición de personas, otros 26 casos de privación ilegítima, 36 hechos de tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia.
"Es un avance trascendental desde lo institucional y lo político, por la necesidad de hacer justicia con estos personajes que provocaron mucho daño no sólo en la historia de Mendoza, sino de toda la región, de San Juan, de San Luis, de toda la Argentina", consideró Pérez sobre el tema, acerca del cual el propio canciller Héctor Timerman expresó su satisfacción.
La Sala II de la Corte Suprema confirmó la resolución del juez chileno Sergio Muñoz Gajardo, que en junio pasado concedió la extradición a Argentina de Romano por causas de violaciones a los derechos humanos.
Muñoz había firmado una resolución de más de 370 páginas, donde se daba lugar al pedido de extradición de Romano, tras la petición presentada por Walter Bento, titular del juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
Romano fue destituido en 2011 por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados por su actuación entre 1976 y 1983, cuando omitió denunciar e investigar delitos cometidos durante la última dictadura militar, mientras cumplió funciones como fiscal federal.
Mientras lo destituían, Romano se fugó a Chile y estuvo ahí bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna. Después fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.
En Mendoza, Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
