Este lunes, el gobernador cruzó desde su despacho hasta el Palacio de Tribunales, en el Parque Cívico, para obligar al jefe de los fiscales a poner la cara frente a la prensa, más que para acordar medidas.
Por Javier Polvani
@javierpolvani
Como en otras oportunidades cuando un crimen sacudió la opinión pública, el día hábil siguiente al homicidio del médico Sebastián Prado el gobernador Francisco Pérez y el procurador general Rodolfo González hicieron declaraciones a los periodistas luego de mantener una reunión de emergencia. El mandatario asumió "la mayor responsabilidad" por la inseguridad antes de remarcar lo hecho por el Ejecutivo y dejar dudas planteadas sobre el rol de la Justicia en la problemática, con el compromiso de hacer hacia el futuro lo que no se hizo en el pasado, aunque se haya prometido más de una vez después de un hecho de sangre conmocionante.
Lo cierto es que en la provincia ni siquiera se pudo unificar el Código Procesal Penal (manual de procedimientos de la Justicia Penal), modificado con la promesa de que así mejoraría la seguridad pero que a más de 10 años de aprobado el nuevo ordenamiento todavía no se puede poner en práctica en el Sur y el Valle de Uco por falta de fondos. El procurador insistió en que hay que unificar ese orden jurídico de una vez por todas, como lo viene haciendo el mismo funcionario judicial desde hace al menos ocho años.
Este lunes en la mañana, Paco Pérez cruzó desde su despacho hasta el Palacio de Tribunales, en el Parque Cívico, más que para tomar medidas, para obligar al jefe de los fiscales a poner la cara frente a las cámaras y pronunciar algún discurso para los micrófonos abiertos al aire y los grabadadores. El procedimiento fue similar al de otros hechos similares al padecido por Prado el viernes en la noche en la puerta de su casa, en la Sexta Sección de Capital, cuando un hombre con la cara tapada le disparó tres veces, aparentemente con la intención de robarle el auto, antes de huir de la escena sin llevarse nada de la víctima.
“Hace falta mayor coordinación y mayor trabajo conjunto", sostuvo el gobernador para la prensa después de la reunión con González. "En el problema de la inseguridad cada uno tiene un grado de responsabilidad, seguramente a mi me cabe la mayor responsabilidad", esgrimió, a tono con lo que repetía su antecesor Celso Jaque, cada vez que le tocó enfrentar una situación similar.
"Estamos todo el día dedicados a poder esclarecer los hechos que a todos conmocionan", salió del paso González.
De nada les sirve al gobernador y al procurador que el año pasado se registraran en toda la provincia menos homicidios que en 2006, durante el gobierno de Julio Cobos, sólo en el Gran Mendoza. Ese año fueron asesinadas 178 personas -según las estadísticas publicadas por el Poder Judicial para ese año- sólo en la órbita de la Primera Circunscripción Judicial (Capital, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú, Luján y Lavalle), siendo el año con más homicidios en la historia de la Provincia. En 2012, en todo el territorio provincial se contaron 139 personas asesinadas, de acuerdo a un trabajo expuesto por el diario Los Andes.
A pesar de los números, la sensación es que cada vez hay más homicidios, reconocen en el Ejecutivo al mismo tiempo que consideran contraproducente discutir estadísticas.
En ese aspecto, tanto el Gobierno como la Justicia tienen un sentimiento de culpa compartido: desde la gestión de Celso Jaque, en Mendoza nadie informa sobre las cifras oficiales del delito. Jaque, siendo el demócrata Juan Carlos Aguinaga su ministro de Seguridad, abolió el sistema de estadísticas que, bajo la órbita de la cartera de Seguridad, permitía un seguimiento de la cantidad y las tipologías de los delitos cometidos y dejó la cuestión bajo responsabilidad de la Procuración. Sin embargo, por diferencias entre los funcionarios del Poder Judicial y los del Gobierno en la mitad del gobierno del malargüino, la Justicia dejó de informar las estadísticas delictuales.
Ni Pérez ni González hicieron referencia al problema irresuelto del sistema estadístico, pero ambos hablaron de tareas pendientes en ambos Poderes del Estado. "Debe haber un trabajo conjunto, una articulación entre el Ejecutivo y la Procuración, analizar entre nosotros las falencias y hacer un trabajo para mejorar", evaluó Pérez.
"Todos los hechos donde hay un crimen tenemos que esclarecerlos y establecer responsabilidades porque no tenemos sólo una víctima, hay un victimario suelto que puede reincidir sobre otras personas", agregó González.
"Hay muchas cosas por hacer, lo importante es que hoy nos preocupa y nos ocupa el esclarecimiento no sólo de estos dos casos, sino de otros casos resonantes de los cuales no tenemos respuestas", deslizó el mandatario provincial después de remarcar el trabajo del Ejecutivo para atender la marginalidad y la inclusión, además de recordar que durante su gestión la población carcelaria pasó de 2.600 a 3.60o presos, lo que significa un aumento del 40% de la cantidad de presos en dos años.
Tras remarcar la acción de su gobierno para apresar sospechosos, el gobernador reflexionó que "no podemos estar construyendo una cárcel todos los años".
Además contó que le avisó al "señor procurador que me voy a apersonar de manera sorpresiva en las comisarías y unidades fiscales para corroborar personalmente en cualquier horario el trabajo que se hace y lo voy a mantener informado de toda novedad que encuentre".
