La Justicia Federal investiga al jefe y otros cuatro oficiales de Nacotráfico por presuntos vínculos con en el negocio de las drogas. Están detenidos. De La Sota acusó que es una "operación K".
Mientras la Justicia encontró drogas que no estaban registras en ningún lado en la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba para sustentar la investigación por narcotráfico contra varios jefes de la fuerza provincial, el gobierno del peronista disidente José Manuel De La Sota acusó una operación del kirchnerismo a través de la procuradora general Alejandra Gils Carbó detrás de las actuaciones. El miércoles en la noche fueron detenidos tres policías, entre ellos el jefe de Lucha contra el Narcotráfico de De La Sota y miembros de la cúpula de Drogas Peligrosas, bajo sospecha de connivencia con el negocio de las drogas.
El miércoles fue allanada la sede central de la Policía de la Provincia. "Había estupefacientes en la Dirección de Drogas en condiciones absolutamente ilegales y eso avala la idea de que tenían estupefacientes ahí de modo irregular. Eso permite pensar que puede ser cierto que la tenían para cargar a personas que quisieran comprometerlas", explicó el jueves el fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari.
"Tenían armas con numeración limada que no estaban en una habitación de secuestro con el acta correspondiente, sino tiradas en las oficinas de Drogas", agregó el fiscal en declaraciones a la prensa local.
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció el miércoles de la semana pasada por intermedio del testimonio del "colaborador encubierto" policial, Juan Francisco El Francés Viarnes.
El testimonio fue brindado durante el programa ADN, de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que motivó al fiscal Senestrari a abrir una investigación.
El presunto accionar delictivo involucra al jefe de Lucha contra el Narcotráfico, comisario general Rafael Sosa, el comisario Alfredo Saine y los oficiales Franco Argüello, Fabián Peralta Dáttoli y Mario Osorio, además de a dos conocidos narcotraficantes identificados como Daniel Córdoba y el "Tuerto Cacho".
Los policías están acusados de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
El gobierno de José Manuel de la Sota atribuyó la investigación de la Justicia Federal a una "operación" del kirchnerismo y de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, mientras la oposición respalda las actuaciones del fiscal.
