"Esta Fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda", dijo este martes en el primer día de los previstos en el histórico juicio para los argumentos del Ministerio Público.
La Fiscalía del Tribunal Oral Federal 3 dio por probada la existencia de las coimas del Senado durante el gobierno de Fernando De La Rúa para aprobar la ley de precarización laboral. "Se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", argumentó la fiscal Sabrina Namer durante su alegato en el juicio que tiene al ex presidente entre los acusados.
"Esta Fiscalía está convencida de que el hecho existió y por eso va a acusar sin ninguna duda", dijo en el inicio de su alegato la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, además de remarcar que se trató de un hecho "sin precedentes" que derivó en la "pérdida de confianza" de la sociedad en sus instituciones.
Namer aseguró que existe un "cuadro probatorio que permitirá sostener con creces la acusación" pese a la "demonización" que se hizo a lo largo de un año de juicio de muchos de los principales testigos, como el ex senador Antonio Cafiero o el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.
"Se encuentra acreditado que el doctor Fernando de la Rúa prometió a Augusto Alasino y Alberto Tell la entrega del dinero que repartirían a otros colegas senadores a fin de que aprobaran la ley y ejercieran su influencia para que otros la aprobasen", aseguró Namer sobre los cinco millones de pesos salidos de la SIDE.
Y por eso, según la acusación fiscal, el también procesado ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, "siguiendo instrucciones directas" del entonces Presidente se reunió en el organismo con el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, para dar directivas "sobre el modo de entrega".
Para la fiscalía, lo "medular" del discurso del arrepentido Pontaquarto fue probado, más allá de sus contradicciones y el entonces presidente De La Rua "sabía con que bueyes" trataba por su pasado como legislador en la Cámara Alta.
"En ese marco debió actuar para lograr la sanción de la ley", argumentó Namer, y para ello se hicieron modificaciones "meramente cosméticas" porque "importaba la sanción de una ley de flexibilización laboral que demostrara un triunfo de la Alianza, para no afectar la gobernabilidad".
Y además desacreditó los dichos de los ex senadores que declararon como testigos en la causa y dijeron no haber sabido del pago de sobornos. "Podrían haberse autoincriminado" si lo admitían y por eso "varios de esos testimonios no pueden ser considerados objetivos e imparciales".
Para Namer, a lo largo de un año de juicio se escucho hablar de "confabulaciones, operaciones políticas, sobornos, crisis económica, uso de medios de comunicación para ventilar internas políticas".
Y recordó el "pedido de `que se vayan todos´, seguramente impracticable pero que hablaba de la enemistad de la sociedad con lo político, con la clase gobernante".
"Un descrédito que no dejaba afuera a ningún poder, porque la gente estaba harta y lo demostraba de maneras impensables, como el histórico cacerolazo. Por eso la palabra que sintetiza todo este juicio es instituciones, la gravedad en que quedaron las instituciones como consecuencia del hecho", opinó.
"En este juicio se habló de De La Rúa, Pontaquarto" y los demás acusados, "pero sobre todo de la importancia de las instituciones y el daño que sufrieron, porque la sociedad perdió la confianza en ellas", agregó.
Remarcó que "la importancia de este juicio es enorme para la salud de las instituciones democráticas" más allá del resultado en cuanto al veredicto, condenas o absoluciones.
El alegato de la Fiscalía se extenderá toda la semana y terminará con el pedido de penas.
La semana pasada la Oficina Anticorrupción reclamó seis años y seis meses de prisión para el ex presidente y para De Santibañes y cinco años y seis meses para los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino y Ricardo Branda.
Para el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique se pidió la absolución y un año de prisión para el arrepentido Pontaquarto.
Fuente: Télam
