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En un escenario de profundas transformaciones macroeconómicas, ajuste fiscal, desregulación y apertura importadora aplicadas durante los casi tres años de gobierno de Javier Milei, en todo el país se registraron al menos953 casos de conflictividad laboral en todo el territorio nacional. según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) compilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El sector industrial concentró el 65,3% de los conflictos, afectando de manera directa a los subsectores textil, alimenticio y metalúrgico-siderúrgico. A este le siguieron los servicios con el 15,9% (transporte, sanidad, bancos y medios), el comercio con el 8,4% (con eje en supermercados), el sector primario con el 7,9% (hidrocarburos, pesca y minería) y la construcción con el 2,5%.
A escala general, el motivo predominante de las disputas fueron los despidos, que abarcaron el 53,7% de los registros, en sintonía con la destrucción de 437.611 puestos de trabajo formales informada entre noviembre de 2023 y julio de 2026 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
A los despidos le siguieron los cierres de empresas con el 17,5%, las situaciones de crisis con el 10,7% y las suspensiones con el 9,1%. En cuanto al perfil corporativo, las PyMEs nuclearon el 41,0% de los conflictos, seguidas por los conglomerados extranjeros con el 23,5% y las grandes empresas con el 21,8%. Respecto al origen del capital, el 74,2% correspondió a capitales nacionales, el 24,0% a capital extranjero y el 1,7% a capital mixto.
Agravamiento tras las elecciones
El informe señala que la conflictividad se intensificó tras las elecciones de medio término de octubre de 2025. El promedio mensual pasó de 25 casos entre enero de 2024 y octubre de 2025 a 33 casos mensuales entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Asimismo, los desenlaces más severos —cierres de plantas, quiebras y concursos preventivos— aumentaron del 6,2% en 2024 al 39,9% en 2026, abarcando más de la mitad de los casos (56,5%) durante el segundo semestre de dicho año.
Entre los ejemplos documentados a nivel nacional se destacan el cierre definitivo de la planta de Dass en Eldorado (Misiones), la paralización de la fabricación de heladeras de Electrolux en Rosario (Santa Fe), la apertura de concurso preventivo de la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor en Córdoba, y el cese de actividades de la planta La China de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay.
La base de datos del CEPA se construye exclusivamente a partir del seguimiento periódico de coberturas periodísticas y sitios web sindicales. Esto implica que el registro abarca únicamente aquellos conflictos que lograron trascendencia pública o formalización gremial.
Distribución geográfica y panorama en Mendoza
En la distribución geográfica, la zona centro del país concentró el 54,8% de los casos, encabezada por la provincia de Buenos Aires (27,9%), Santa Fe (10,4%), Córdoba (6,9%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,9%). Fuera de esa región, sobresalen La Rioja con el 6,8%, Tierra del Fuego con el 4,7%, San Juan con el 3,3% y Tucumán con el 3,0%. En este mapa federal, la provincia de Mendoza contabilizó un total de 26 casos de conflictividad laboral.
El cierre de la planta de Unilever en Guaymallén
El informe expone en Mendoza el cese de operaciones de una planta de producción industrial perteneciente a la multinacional Unilever en Guaymallén (específicamente en Corralitos). Dicha fábrica de vegetales deshidratados operaba bajo la gestión de la compañía desde 2005 en predios con más de seis décadas de trayectoria industrial en la provincia, inaugurados originalmente en 1964.
La instalación cumplía un rol logístico y productivo clave al procesar anualmente entre 3.000 y 3.500 toneladas de hortalizas cultivadas por productores locales de la región y de Córdoba, insumos que eran remitidos de manera directa para la elaboración de sopas, caldos y purés de la marca Knorr. El cierre definitivo de la planta generó la desvinculación y el despido de los 60 trabajadores que integraban su dotación operativa.
De acuerdo con la información oficial emitida por la corporación, la decisión obedeció a transformaciones en los hábitos globales de consumo alimentario y a la necesidad de reestructurar la competitividad de sus operaciones, concretándose las indemnizaciones correspondientes conforme a la normativa vigente tras las negociaciones con la asociación sindical.
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