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El consorcio PHX Aqua se adjudicó la privatización de la empresa estatal Aysa tras ganar la subasta oficial hace un mes. La firma ganadora cuenta con el 55 por ciento de las acciones, acompañada por el empresario Mauricio Filiberti. Detrás de la sociedad adjudicataria opera un entramado corporativo registrado en Reino Unido, Países Bajos y Curazao.
La ruta de los dividendos de la empresa preseleccionada para la privatización del agua potable del AMBA se pierde en un laberinto de sociedades offshore. El periodista Alejandro Bercovich reveló un conjunto de indicios recolectados con una investigación al interior de la matrioska corporativa.
La concesión de Aysa quedó bajo el control de una red de sociedades constituidas poco antes del proceso licitatorio.
Los registros oficiales revelan que la firma PHX Aqua Limited fue creada el 18 de agosto en Londres con un capital social de 1 euro y el número de registro 17406504. Tres días después, el 21 de agosto, dicha entidad fundó en Ámsterdam la filial PHX Aqua AR B.V., declarada formalmente en los pliegos presentados en la Argentina.
Esta subsidiaria neerlandesa opera como una sociedad de tenencia de acciones sin empleados registrados ni capital base inicial. En ambos países, las autoridades locales reportan que las funciones ejecutivas y de secretaría no pertenecen a personas físicas, sino a filiales del grupo de servicios corporativos Amicorp. En Reino Unido la administración figura a nombre de Amicorp UK, mientras que en Países Bajos la junta directiva está integrada por Amicorp Netherlands B.V.
Entramado de vínculos
Entre los integrantes del consorcio figura el empresario Mauricio Filiberti, proveedor de cloro de la distribuidora estatal durante las últimas dos décadas.
En paralelo, las actuaciones registrales conectan la estructura con la jurisdicción de Curazao, donde opera la entidad Phoenix Global Investment Fund, también gestionada por el estudio Amicorp.
El nombre de este fondo de inversión coincide con la denominación de Phoenix Global Resources, compañía petrolera perteneciente al holding Integra Capital, propiedad del empresario José Luis Manzano. Registros del sector privado indican patrones de coincidencia entre las firmas creadas para la compulsa pública y los activos comerciales que Manzano comparte con Filiberti en otras distribuidoras de servicios públicos como Edenor.
El proceso de subasta pública de Aysa no incluyó acceso abierto al archivo de datos ni detalles técnicos de los pliegos de licitación para auditores externos. Por norma jurídica, la adjudicación requiere la presentación previa de una declaración jurada de beneficiarios finales ante el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. Este documento especifica la identidad de las personas físicas que controlan el capital de la sociedad ganadora.
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