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La Justicia que mantuvo imputada por casi siete años a la asambleísta Nora Moyano por su participación en la llamada "pueblada del agua" finalmente la sobreseyó y cerró la causa por la cual transitó los tribunales desde diciembre de 2019. No pudo probar en todo este tiempo que esta mujer, a quien se ve con sus banderas en casi todas las marchas populares de Mendoza, haya ejercido "privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo" contra los legisladores que ese fin de año intentaron voltear la Ley 7722. Y la jueza Patricia Alejandra Alonso finalmente dictó el sobreseimiento.
Moyano fue una de las miles de personas que se manifestaron en las calles ese fin de año en defensa de la norma que Rodolfo Suarez quiso reempazar con la llamada "ley del cianuro". Junto a otros manifestantes, participó de las jornadas de protestas en la Legislatura antes, durante y después del intento de derribo de la ley. Sólo ella fue imputada y mantenida en esa situación, atravesando largas audiencias, durante más de seis años.
El fallo obedece a los plazos procesales y las constancias aportadas por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Juan Carlos Alessandra, y la defensa técnica ejercida por los abogados particulares Alfredo Guevara y Julieta Lavarello.
En el fallo consta que Moyano carecía de antecedentes penales computables y el tribunal declaró extinguida la acción penal conforme a los términos temporales previstos en el artículo 62 del Código Penal.
La pueblada del agua y el origen del expediente
Según el expediente, los antecedentes de la causa se remontan al 17 de diciembre de 2019, una jornada que quedó grabada en la memoria colectiva de la provincia por las protestas multiplicadas en la Capital, en rutas, en plazas de toda la provincia. Entre las 13 y las 13.30 de aquel día, en la vía pública sobre la calle Patricias Mendocinas N° 1135, frente al edificio de la Legislatura de Mendoza, hubo protestas masivas en el momento en que se estaba realizando la sesión para derribar la 7722.
De acuerdo a los considerandos del fallo, un grupo numeroso de personas —entre quienes se encontraban referentes sociales y asambleístas— impidió que el personal administrativo, los diputados y los senadores que se encontraban sesionando pudieran retirarse del edificio legislativo. El fervor era total ante la evidencia de que el oficialismo había pactado con el PJ para voltear la ley.
Moyano cuestionó los considerandos del fallo: "Están destinados a ensuciar. Me han tenido seis años en audiencias. De todos los denunciados a la única que castigaron y procesaron fue a mí. Mirá vos si la justicia no es patriarcal. Nunca pudieron acusar por incitación a la violencia, pese a que el fiscal (Juan) Ticheli lo intentó. Lo importante es esta sentencia definitiva y que consta que no tengo antecedentes", indicó a EXPLÍCITO.
A transitar los pasillos de tribunales
En medio de esa avanzada del oficialismo por imponer la mega minería, los fiscales -comandados por el cornejista Alejandro Gullé en la Procuración- multiplicaron imputaciones contra manifestantes, vecinos y asambleístas. Los memoriosos recuerdan aún la postal de la policía científica peritando en la peatonal las pintadas con aerosoles a pedido de la justicia.
Durante años, el expediente mantuvo un derrotero de tramitación escrita y control de garantías, sosteniendo la imputación contra esta docente jubilada hasta la resolución definitiva firmada en agosto de 2026 y dada a conocer en octubre.
La dilación de las causas y el eterno peregrinar por los tribunales es un clásico del aparato de poder cornejista contra opositores y asambleístas.
Con la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado N° 2, el proceso judicial quedó formalmente clausurado. El fallo ordenó la comunicación de la resolución al Registro Nacional de Reincidencia y dispuso el archivo definitivo de las actuaciones bajo el amparo de las normas procesales vigentes, poniendo punto final a un expediente prolongado derivado de una de las jornadas políticas y sociales más debatidas de la historia reciente de Mendoza.
