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El Senado de Mendoza sancionó el nuevo marco normativo hidrocarburífero provincial. La iniciativa, aprobada por 31 votos a favor y 2 en contra, adapta la regulación vigente a la explotación no convencional en Vaca Muerta. El proyecto del gobernador Alfredo Cornejo fue apoyado por el PJ de los intendentes y rechazado por el kirchnerismo.
El proyecto enviado por el Gobierno de Mendoza obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Senadores con el respaldo de 31 votos, mientras que el bloque de Fuerza Patria aportó los 2 votos negativos. La norma busca adecuar la actividad a la Ley de Bases nacional, respondiendo a las exigencias del mercado energético internacional.
Durante el debate legislativo, la senadora Jésica Laferte indicó que la reforma prioriza la maximización de rentas y la explotación eficiente por sobre el autoabastecimiento. Por su parte, el legislador Félix González, perteneciente a Fuerza Patria, adelantó el rechazo de su bloque argumentando su postura en el recinto.
En cambio, desde la vereda oficialista, el senador Lucas Fosco, de La Libertad Avanza, y el legislador Mauricio Sat, del Interbloque Encuentro Mendocino (peronismo municipal), expresaron el acompañamiento de sus respectivas bancadas a la iniciativa gubernamental.
El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, valoró la decisión institucional al señalar que la transición energética exige administrar los recursos estratégicos mientras conserven valor económico, destacando la necesidad fundamental de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo al sector productivo provincial.
Regalías y cesión fiscal
La nueva legislación establece una reestructuración integral en el régimen de regalías y de incentivos fiscales destinados a las futuras concesiones de explotación. El articulado fija un porcentaje de referencia del 15% para las licitaciones públicas, otorgando facultades específicas al Poder Ejecutivo para adecuar el esquema de cobro según la viabilidad técnica y económica particular de cada yacimiento hidrocarburífero.
Asimismo, la normativa autoriza reducciones de regalías por debajo del 5% para proyectos específicos. Entre ellos se contemplan la reactivación operativa de pozos inactivos, la extracción comercial de crudos pesados y la implementación de técnicas de recuperación terciaria o mejorada. Adicionalmente, se estipula la compensación parcial del canon de explotación cuando las compañías ejecuten inversiones de riesgo exploratorio que superen el doble de dicho monto.
El texto sancionado incorpora formalmente la figura legal de la concesión de explotación no convencional, adaptando el marco jurídico a las particularidades operativas de la Cuenca Neuquina y al sector provincial de Vaca Muerta ubicado en el departamento de Malargüe. La tradicional Cuenca Cuyana, caracterizada por pozos convencionales maduros, también se encuentra comprendida dentro del nuevo ordenamiento normativo.
Poder a la lapicera del gobernador
Para los procesos de licitación pública de permisos y concesiones, la adjudicación tomará como factor preponderante el monto de las inversiones comprometidas por encima de la regalía ofrecida. Asimismo, se eliminaron los porcentajes rígidos de mano de obra local, reemplazándolos por la exigencia institucional de capacitación continua de proveedores y el fortalecimiento de toda la cadena de valor regional.
La normativa endurece las exigencias ambientales y los mecanismos de fiscalización durante todo el ciclo productivo de los yacimientos. Las empresas operadoras deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público y mantener las obligaciones relativas al saneamiento y remediación de pasivos ambientales. La ley especifica que la finalización o el vencimiento contractual de una concesión no exime a las compañías de la responsabilidad legal sobre los daños generados durante la operación.
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Finalmente, la legislación crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, fijada en hasta un 0,8% sobre lo recaudado en concepto de regalías y cánones, destinada a financiar las tareas de inspección que ejerce el Ministerio de Energía y Ambiente. Asimismo, se instituyó la obligación legal de remitir informes trimestrales a los municipios productores con el detalle preciso de alícuotas, producción registrada y liquidaciones realizadas.
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