Los funcionarios estaban denunciados por “torturas y apremios ilegales”, entre otros cargos, a partir de la presentación de legisladores, asesores tutelares y defensores de oficio.
El juez Jorge Adolfo López, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 30, sobreseyó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a otros siete funcionarios del PRO en la causa que investiga el operativo represivo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, llevado a cabo el 26 de abril. En la misma resolución, el juez procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, entre los cuales se encuentra una enfermera que para poder caminar se vale de un bastón.
El expediente 27.116/13 incorporó 76 nuevas páginas en las que López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace.
Los funcionarios estaban denunciados por “torturas y apremios ilegales”, entre otros cargos, a partir de la presentación de legisladores, asesores tutelares y defensores de oficio. Las víctimas ascienden a 33 personas, entre las que había seis pacientes del Borda.
Responsables sobreseídos
López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó al policía que más visibilidad tuvo durante el operativo, pero que no era el encargado de coordinarlo. Horacio Giménez, el jefe de la Metropolitana sobreseído, estuvo al frente de las acciones.
La Defensoría General de la Nación asistió a tres pacientes del Borda, dos de los cuales estaban siendo asistidos jurídicamente por el órgano de aplicación de la Ley de Salud Mental Nº 26.657, una unidad creada por la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez, hoy a cargo de Mariano Laufer Cabrera. El otro es un paciente asistido por las curadurías públicas de la Defensoría, un hombre que entró en pánico ante la represión y saltó al tapial que linda con el Hospital Moyano, y se fracturó la rodilla. Estuvo desaparecido tres días, hasta que lo encontraron en el Hospital Penna.
La abogada que tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas internadas en el Borda, Carolina Brandana, llegó ese día para visitar a los pacientes que asiste, pero al llegar se encontró con el escenario dantesco que protagonizó la Metropolitana, y comenzó a colaborar con los médicos para sacar a los pacientes del patio. Mientras tanto, Laufer se reunía con su equipo en la Defensoría, para presentar un hábeas corpus colectivo que fue rechazado en primera instancia, apelado y resuelto por la Cámara del Crimen durante el mismo día.
La Defensoría exigía el cese de la violación de los derechos humanos de las personas internadas, el resguardo de su identidad psicofísica de todos los presentes en el Hospital y la no repetición de esos hechos por parte de la Metropolitana en el predio del Borda. La exigencia iba dirigida a Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Graciela Reybaud, y la Cámara del Crimen accedió a dar esa orden a los funcionarios del PRO.
Fuente: Infojus
