Se trata de Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. La querella sostiene que sin su consentimiento y aval, los militares no podrían haber matado, torturado, secuestrado y robado.
Por Juan Manuel Mannarino
Para Infojus
El septuagenario Otilio Romano se bañaba en las aguas del Océano Pacífico. Su playa favorita era Reñaca, al norte de Viña del Mar, en Chile. Centro turístico costero y punto exclusivo de los balnearios trasandinos, el ex juez solía desayunar y leer los diarios con vista al mar. Hacía dos años que estaba prófugo de la justicia argentina. Y aunque estaba a pocos kilómetros de su Mendoza natal y se mostraba públicamente, jamás hubiera imaginado que en agosto de 2013 policías locales lo agarrarían del brazo, lo meterían en un patrullero y en poco tiempo lo extraditarían a nuestro país.
Romano estaba impávido. La impunidad de la cual gozaba, extensiva a sus otros camaradas de la justicia mendocina acusados de ser cómplices de la dictadura militar, parecía a prueba de balas. Se había fugado a Chile el 24 de agosto de 2011, un día antes de ser suspendido en sus funciones como juez. Solicitó asilo político e inicialmente se le concedió una visa de ocho meses, pero su demanda de asilo permanente fue denegada por las autoridades chilenas. Además sufrió un duro revés: en diciembre de 2011, fue destituido por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró "cómplice" de la dictadura militar. Aun así, el ex juez mendocino lucía bronceado perfecto, inmune ante la caída de sí mismo.
Luis Francisco Miret, su amigo y compañero de carrera, también se creía intocable. El ex camarista federal no se había refugiado en otro país, pero seguía manejando influencias en la justicia mendocina. En marzo de 2011 un jurado de enjuiciamiento lo destituyó por “mal desempeño en sus funciones y presunta comisión de delitos”. Tanto Miret como Romano fueron fiscales y jueces –se alternaban los cargos por períodos- en la última dictadura militar, y pese a que organismos de Derechos Humanos denunciaron su complicidad con el accionar represivo, continuaron ejerciendo sus cargos públicos en la democracia. Sin embargo, la justifica federal los empezó a investigar: juntó pruebas, testimonios y documentos que los responsabilizó en la legitimación judicial del horror. A partir del 17 de febrero, serán juzgados por delitos de Lesa Humanidad.
Son dos de los cinco juristas que estarán sentados en el banquillo de acusados. Ellos son los más mediáticos, los que ostentaron liderazgo y jerarquía de una corporación tan impune como poderosa. Además de Miret y Romano, los tribunales federales de Mendoza imputaron a otros tres ex jueces, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976. El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.
Un juicio inédito
El denominado “juicio a jueces” comenzará a partir del 17 de febrero después de dos años de procesamiento y más de dos décadas de investigación. Pero no sólo habrá jueces imputados. Será un megajuicio –se unificaron varias causas, el más importante en la historia de Mendoza- con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial, y cerca de 200 víctimas. Se calcula, además, que habrá más de 200 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en el "D2", por donde pasaron la mayor parte de las víctimas, pero también por el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.
En 2012, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) había denunciado la connivencia de la corporación judicial con la impunidad de los crímenes de Lesa Humanidad. Lo explicaba del siguiente modo: “La clara complicidad de la Cámara Federal de Mendoza con los imputados ha motivado una decidida intervención del Consejo de la Magistratura, que calificó ‘de gravedad institucional’ lo sucedido y solicitó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos mendocinos habían puesto la lupa sobre los jueces mucho tiempo antes. El abogado querellante Pablo Salinas,del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue uno de los pioneros en denunciarlos. “En todo el país existió una parte de la justicia que fue cómplice del terrorismo de Estado y está siendo juzgada. Pero nuestro caso es uno de los más importantes porque, además ser procesados, fueron destituidos antes por el Consejo de la Magistratura con la gravedad que eso implica”, dijo a Infojus Noticias.
Según datos del CELS, hasta la fecha hay 24 funcionarios judiciales procesados y 17 denunciados. En 2009 Víctor Hermes Brusa, ex juez federal santafesino, fue el primer ex funcionario de la justicia condenado por delitos de Lesa Humanidad. Para el CELS, los "funcionarios judiciales" procesados por delitos de lesa humanidad son aquellos que "habiendo conocido la implementación del plan clandestino de represión y la ilegalidad del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad mostraron la resistencia, directa o por inacción, de abrir investigaciones judiciales o realizarlas seriamente".
Salinas aclaró que Miret y Romano fueron acusados penalmente por el fiscal Omar Palermo por complicidad con el terrorismo de Estado. Miret por 35 hechos y Romano por 101. Para el abogado, este juicio será histórico. “La justicia de la dictadura se perpetuó en los cargos, y sólo con el acceso de fiscales y jueces por concurso, ya en democracia, empezaron a avanzar los procesos contra los civiles cómplices de los represores. Hay una clara línea divisoria entre los jueces de la democracia y los jueces de la dictadura”, aclaró.
Los jefes de la corporación judicial
Miret y Romano formaban parte de la cúpula de la justicia que legitimó la cadena del horror. El procedimiento se repetía y estaba tan aceitado como un mecanismo de relojería. Así lo explicó Pablo Salinas: “A cada secuestro, a cada desaparición, los familiares presentaban un hábeas corpus. ¿Qué se hacía con esa presentación judicial? Simplemente, los fiscales y los jueces, en vez de investigar, los archivaban y miraban para otro lado. Sabían muy bien lo que estaba pasando. Y, al mismo tiempo, le daban valor a los testimonios que se tomaban bajo tortura en los centros clandestinos. De esa forma, avalaban las detenciones ilegales y las torturas”, enfatizó.
Los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade del Tribunal Oral Federal (TOF)
N° 1, quienes estarán a cargo del megajuicio, no creyeron en los argumentos de defensa de Miret y Romano. Ambos denunciaron “persecución política” y un injusto procedimiento de destitución. Miret dijo, entre otros argumentos, que el jury que lo destituyó “carecía de jurisdicción al momento de dictar su fallo” ya que “había presentado su renuncia” ante el Poder Ejecutivo, pero no había sido aceptada, lo que, a su entender, “debía interpretarse como una aceptación tácita de aquella”. La Corte Suprema de la Nación no aceptó sus apelaciones –tanto como las de Romano- y confirmó los procesamientos.
“El aparato judicial generaba la impunidad necesaria para que las distintas patotas actuaran. Funcionaban en bloque juntamente con el aparato represivo”, continuó Pablo Salinas. Los ex jueces, además, eran ideólogos del pensamiento de la dictadura militar. Miret era titular de la cátedra de Filosofía y Etica en la Universidad Nacional de Cuyo y en sus clases decía, por ejemplo, que los militares habían restituido el orden social. Por otra parte, Romano fue jefe de la Justicia mendocina hasta 2010. Y encabezaron la Cámara de Apelaciones, que tuvo un rol importante ya en democracia, cuando se comenzó a investigar las denuncias de los familiares y de las víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre otras cosas, porque aceptaba los pedidos de excarcelación de los ex funcionarios militares y policiales con los que a partir del 17 de febrero compartirán el banco de los acusados. “Desde esos lugares ellos se ocuparon de ensombrecer el rol que tuvieron en dictadura o de ocultarlo. Y la permanencia en la Justicia estuvo vinculada a resguardarse, a garantizar la impunidad”, amplió Salinas.
Bajo la órbita de Miret y Romano, se legitimó todo lo ilegal: allanamientos, torturas, secuestros. Entre otros hechos, a Romano se lo acusa de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y por allanamiento ilegal en varias causas. Y a Miret, por su actitud colaboracionista y pasiva para con la represión en varias causas, entre ellas, la detención ilegal de Luz Faingold cuando ésta era menor de edad. Encubridores y ejecutores del aparato represivo, sus procesos representan una deuda pendiente en el país: la de investigar la responsabilidad civil del fuero judicial. Sin su consentimiento y aval, los militares no podrían haber matado, torturado, secuestrado y robado.
