Según el gobierno provincial, en el incendio en el pozo de petróleo de YPF en Malargüe "no fue la suerte" sino que "hubo fue un sistema de emergencia que funcionó con mucha profesionalidad" el que se accionó "para que no hubiera víctimas fatales ni tampoco llegó el petróleo al río Grande que podría haber sido un daño ambiental más que importante”.
Por las llamas, que duraron más de 50 horas y consumieron miles de litros de combustible y causaron la destrucción de gran parte de las utilidades de la planta en el Sur, YPF tendra que presentar un informe al Gobierno provincial, señaló el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde en la exposición que brindó en Diputados ante las comisiones de Economía y Ambiente junto al ministro de Energía, Marcos Zandomeni.
“Tenemos actas libradas desde el gobierno provincial a la empresa petrolífera sobre este tema, tenemos gente de la Dirección de Protección Ambiental inspeccionando el lugar del siniestro y hemos dado diez días a YPF para que nos presente todos los informes pertinentes”, señaló Elizalde.
Durante su exposición, el Ministro –que estuvo presente en el lugar y en el momento del incendio- sostuvo que la prioridad del Gobernador fue el tema humano (que no se pusieran vidas en peligro) y el factor ambiental.
Gonzalo Dávila, director de Protección Ambiental de Mendoza, explicó que cada planta de tratamiento o despacho de crudo en Mendoza tiene medidas de seguridad extremas pensadas para este tipo de problemas.
“Todos los protocolos de emergencias funcionaron, tanto los que dispuso YPF desde su comité de crisis como los que tiene el Ministerio de Ambiente en todas las áreas afectadas” añadió Elizalde, al enumerar el personal de la DPA que aún sigue trabajando en la zona y de Recursos Naturales (guardaparques, brigadistas) que fueron trasladados al lugar.
Dijo además que fue un accidente sin antecedentes en Mendoza lo que obliga a buscar las causas. Hay tres líneas abiertas: la judicial que intenta determinar la causa del fuego; la de la petrolera que presentará su propio informe sobre causa, impacto y remediación; y la del gobierno cuyos equipos técnicos serán quienes verifiquen y controlen la veracidad de los datos y los programas de remediación ambiental, según dijeron los voceros del Ejecutivo.
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