La Arena, el tradicional diario editado en Santa Rosa, cuestionó en dos ediciones consecutivas el peso de la influencia de los intereses del turismo en las decisiones sobre el cauce "interprovincial".
El diario La Arena, de La Pampa, está que trina con el manejo que hace Mendoza del agua del Río Atuel. El medio pampeano tiene una línea editorial definida en clara defensa de los intereses pampeanos sobre el cauce y acostumbra a brindar frondosa información sobre el conflicto interprovincial por el uso del agua.
En ese contexto, el jueves destiló ácido contra una movida para dotar de agua al cauce en las zonas turísticas del Sur Mendocino en beneficio de los operadores del negocio del rafting. "Mendoza lanza agua para rafting pero se la niega a La Pampa", tituló el jueves el matutino de la provincia vecina.
Luego, el tradicional periódico editado en Santa Rosa presentó en la tapa de su edición en papel de este viernes una nota en la que deja dudas sobre la influencia del título de su tapa del jueves para cambiar una decisión en el manejo del agua del Atuel que beneficiaba a las actividades turísticas de la Semana Santa.
En la volanta del título del viernes, el diario pampeano califica de "Vergüenza mendocina" al caso del uso o no del agua del río sureño para las necesidades de los operadores turísticos. "¿Un titular de La Arena hizo cortar el Atuel para rafting?", pregunta desde el título de la nota publicada en la página 12 de la edición de este viernes.
El Atuel ha sido declarado río intrprovincial, pero los derecho de manejo del agua son ejercidos unilateralmente por Mendoza. Esa circunstancia ha generado un conflicto entre las provincias que se fue desarrollando en el último medio siglo. En la actualidad, hay una demanda contra Mendoza en la Corte Suprema entablada por particulares interesados en los derechos pampeanos sobre el río.
La negociación política más avanzada al respecto entre los gobiernos de Mendoza y La Pampa fracasó. Un acuerdo celebrado entre los dos mandatarios de los dos estados provinciales en 2008 está a punto de ser abolido para siempre en la Legislatura de Mendoza, en virtud del rechazo que genera en los usuarios mendocinos del agua del río.
