Tal como se preveía, el proceso de juicio político al juez de la Suprema Corte Carlos Böhm determinó este martes absolver de las acusaciones que le endilgaban al supremo y se cayó la posibilidad de sacarlo del medio, tal como querían e impulsaban con lobby legislativo los dueños de los medios de Mendoza después de que Böhm beneficiara con sus dictámenes a los periodistas.
El radicalismo, el massismo y los demócratas firmaron un dictamen acusatorio, mientras el oficialismo firmó otro absolutorio, con lo cual la Cámara de Diputados rechazó el inicio del proceso de Juicio Político contra el juez al no obtener los 32 votos necesarios (dos tercios) fijados por la Constitución.
Votaron para rechazar el inicio del proceso (22 votos), el bloque del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y UCR-Leandro Alem, en cambio votaron de manera afirmativa los bloques del Partido Demócrata, la UCR, Unidad Popular y el Frente Renovador (24 votos). Estuvieron ausentes Humberto Montenegro (UCR) y María Evangelina Godoy (PJ), quien en la anterior votación se inclinó por juzgar al magistrado. Fue Godoy, precisamente, quien con su voto cambió el rumbo del proceso, acto que le valió el repudio de sus propios compañeros de partido.
La posibilidad de someter a Böhm a juicio no tenía que ver con la acción u omisión del juez en una causa, sino la independencia de las instituciones de los poderes fácticos que operan en la provincia.
El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Jorge Tanús, admitió la injerencia de intereses de las empresas de medios de comunicación de la provincia para la iniciación de un juicio político a Böhm. La denuncia contra el juez fue presentada por el senador massista Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez.
En conferencia de prensa en la Legislatura, Tanús describió: “Hay algunas cuestiones que la Corte tiene que resolver y no queremos mezclar la política con algunas resoluciones judiciales que están hoy distorsionando un poco el tema de la denuncia presentada por el senador Valls…”
Tanús se refirió a, al menos, una causa laboral que está a resolución de la Corte de la provincia en la que está en juego la constitucionalidad del Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad de prensa, que es resistido por los empresarios de la provincia porque fija, entre otras cosas, una escala salarial que se han negado a cumplir sistemáticamente.
Según el CCT 17/75, el sueldo de un periodista que inicia la carrera debe ser el equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil, establecido en $3.600. Es decir, de acuerdo al ordenamiento jurídico que rige con plena vigencia el sueldo mínimo de los periodistas de Mendoza debiera ser $7.200, una falacia si se tienen en cuenta los haberes reales que pagan las empresas de las provincia.
Böhm, como ministro de la Corte, convalidó la constitucionalidad del Convenio de Prensa en la parte salarial en al menos dos fallos, con lo cual se convirtió en enemigo de los dueños de los medios. La denuncia de Valls avalada por Gutiérrez se dio en un escenario de inminente resolución de nuevas causas planteadas por periodistas contra sus empleadores por el incumplimiento del CCT 17/75.
Informe Explícito: la historia del apriete a Böhm
