La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación de la Argentina contra un fallo que ordenaba pagar la totalidad de la deuda en default a los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores que no entraron en el canje (se trata de cerca del 1% del total, según datos oficiales) y habían obtenido fallos favorables en instancias inferiores.
El máximo tribunal confirmó que no intervendrá en el conflicto que el país tiene con los bonistas rebeldes. Ahora el expediente vuelve al juez Thomas Griesa, que había ordenado pagar la totalidad de la deuda.
Ahora el caso regresa a manos de Griesa, que siempre falló en contra de los intereses argentinos. El magistrado deberá resolver cómo se realiza el pago a los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores. Sin embargo, el juez habló días atrás de la posibilidad de una salida negociada.
Argentina podría solicitar a la Corte una nueva audiencia, pero según el máximo tribunal es "muy poco probable que se conceda". El plan B argentino consistirá, por lo pronto, en cambiar el lugar de pago a bonistas de Nueva York a Buenos Aires.
El peligro de esta decisión del máximo tribunal es que abre la posibilidad de que otros fondos que aún no habían abierto casos contra la Argentina vayan a la Justicia para pedir el pago total de la deuda que entró en los canjes de 2005 y 2010, que podría derivar en que el país entre en un default técnico.
Cómo se llegó a esta instancia
El diario Página 12 publica en su edición impresa de este lunes los pasos que siguió el conflicto con los fondos buitres desde 2012:
"En febrero de 2012, el juez estadounidense Thomas Griesa emitió un fallo en el que le ordenó a la Argentina pagarles a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelios, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló a la cámara con el argumento de que esa medida discriminaba a los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó el fallo de Griesa y le ordenó al juez que definiera con más precisión cómo hacer efectiva su resolución. El Gobierno reaccionó con duros términos. “Jamás vamos a pagarles a los buitres”, aseguró el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
"Griesa se mostró molesto por la reacción del gobierno y el 22 de noviembre de 2012 le ordenó que les pague a los buitres los 1330 millones de dólares en efectivo el 15 de diciembre de ese año. Incluso exigió que la Argentina depositara esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del cupón del PBI. Cuando parecía que la Argentina se encaminaba a un default técnico, la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo y fijó un cronograma de presentaciones de ambas partes. En esas audien-cias, la Argentina flexibilizó su postura y propuso reabrir el canje. Los buitres respondieron entonces que no aceptarían quita y el 23 de agosto de 2013 la Cámara ratificó su postura inicial. La Argentina apeló a la Corte, la cual se reunió el jueves pasado para decidir si toma el caso o lo rechaza y queda firme el fallo de segunda instancia. Hoy los miembros del tribunal darán a conocer la postura que consensuaron el jueves.
“'El juez Griesa dice que se pague todo lo que reclaman, con una visión muy estrecha del problema. Nosotros decimos que si tuviéramos que pagar este reclamo, tal como lo dijo Griesa, habría que pagar 15 mil millones de dólares por todas las demandas que se abrirían, y la verdad es que si uno lo compara con las reservas argentinas esto no es razonable', indicó el ministro de Economía, Axel Kicillof, la semana pasada. Ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió al tema y advirtió que una resolución a favor de los fondos buitre no sólo impactaría sobre la Argentina, sino también sobre el sistema financiero internacional.
"Si el fallo queda firme, sentará un precedente capaz de afectar todas las renegociaciones de deudas soberanas futuras, porque bastará que un solo acreedor no acepte una propuesta de reestructuración para dejar el conflicto abierto. Esto es así porque no hay una ley de quiebras internacional que regule la situación de un Estado soberano entrando en default. En las reestructuraciones privadas basta con que un porcentaje mayoritario de los acreedores acepte una oferta para que el resto también deba hacerlo. Lo mismo ocurre con la ley de quiebras para municipios vigente en Estados Unidos. Esa ley exige sólo un 66 por ciento de adhesión de los acreedores para cerrar la negociación. La Argentina hubiese superado holgadamente ese porcentaje, pues el 92,4 por ciento de los acreedores aceptó en su momento la oferta que realizó el Gobierno".
