38 años después, Silvia Faget, esposa del periodista y militante Santiago Illia, visto por última vez en el Liceo Militar General Espejo, tuvo sentados a su derecha, en un tribunal, a los jueces acusados de ser ejecutores del terrorismo de Estado. Miró a Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra y cerró su declaración: “Nunca el mal se realiza de una manera tan completa y gozosa sino es con una convicción, por eso me pregunto ¿de qué estaban convencidos?. Les deseo una larga vida, pero presos, creo que así se hará justicia”.
Sus palabras derivaron en un aplauso cerrado y contenido durante toda la jornada de una nueva audiencia de la Megacausa contra jueces, en la que también brindó testimonio Roberto Marmolejo, detenido dos veces antes del golpe del 76: una en 1974, por formar parte de una agrupación estudiantil de izquierda y en el ‘75 por participar de una pintada junto al desaparecido Francisco Tripiana.
“He esperado muchos años para llegar a estar frente a un Tribunal donde los acusados tienen las garantías constitucionales para declarar o abstenerse. Algo que ni yo ni miles de argentinos tuvimos. Estoy orgulloso de que los procesados hoy tienen derecho a declarar y a defenderse, que los condenados tengan su proceso correspondiente. Esto no es un juicio sólo de técnica jurídica sino de Memoria, Verdad y Justicia que le incumbe a toda la humanidad”, inició su testimonio frente al tribunal Marmolejo.
Marmolejo y Faguet detallaron cómo estos ex jueces, en connivencia con fiscales, policías y demás funcionarios encargados, en teoría, de proteger a los civiles y brindarles justicia, ignoraron los pedidos de información desesperados de los familiares que clamaban por los detenidos.
Ignorar hábeas corpus, moneda corriente
En cuanto a la intervención de los jueces, Marmolejo declaró que el 28 de marzo del ’76 su padre presentó un Habeas Corpus, el cual fue rechazado con costas por el juez federal Rolando Carrizo. Como en otros casos, el abogado defensor de oficio fue Guillermo Petra Recabarren, pero Roberto nunca lo conoció.
Por su parte, el juez Guzzo lo sobreseyó dos veces; en la primera ocasión, el entontes fiscal Romano, apeló el sobreseimiento a pesar de la inconsistencia y las desprolijidades de la acusación. Los magistrados no leyeron el expediente, despreocupándose por las denuncias de torturas. El testigo recuperó la libertad en 1978.
Cuando salió de la U9 de La Plata se presentó al Servicio Militar, donde fue a parar nuevamente a los calabozos del Regimiento. Allí sufrió la sensación de riesgo permanente, “bajé 11 kg en un mes”, afirmó.
Roberto Marmolejo manifestó su enojo porque, ni siquiera en el ’95, pudo sacar un certificado de buena conducta ya que estaba imputado. En este sentido, puso énfasis en la continuidad de las persecuciones en democracia y agregó “ésta es la justicia que tuvimos hasta hace poco”.
Esposas, madres y abuelas desandando tribunales
Silvia Faget, compañera de Santiago Illa, periodista y militante del PRT, revivió los momentos del secuestro de “Chiche”.
Recordó que el 9 de marzo del ’76, irrumpió en su domicilio en San Rafael, personal policial y del ejército. Condujeron a Santiago al sótano de la vivienda y a Silvia, embarazada, la obligaron a punta de fusil, a permanecer sentada con su hijito en brazos. El mayor Suárez, a cargo del operativo, la indagó sobre la ubicación de las armas: “que yo sepa las armas las tienen ustedes”, dijo que le contestó. Antes de que se retiraran, debió firmar un acta en la que se decía que en su casa tenía una “cárcel del pueblo”. Antes de irse robaron instrumental de podología, libros y fotografías de su casamiento.
Gracias a las gestiones de su suegra, Silvia supo que Santiago estaba alojado en la penitenciaría de Mendoza; se comunicaba con él a través de dos cartas semanales. Meses después, la respuesta de Santiago se demoró. En mayo volvió a sus la última carta que le había enviado, con un sello que decía “no se encuentra en este domicilio”. Inmediatamente, dijo, intuyó que lo habían matado.
Más tarde la testigo pudo rehacer lo sucedido con su esposo. Supo que Illa fue sacado del penal el 12 de mayo de 1976. Firmó la libertad pero, según un guardiacárcel, fue trasladado al Liceo Militar Gral. Espejo, lugar desde donde desapareció. De las gestiones ante la justicia, sin ningún resultado, se ocupó la madre de Illa.
Faget se reconoció militante y ofreció los nombres de desaparecidos y desaparecidas que pertenecían al mismo grupo de militancia, entre ellos Sonia Luna y Ricardo Ríos, quienes fueron secuestrados con posterioridad al golpe militar.
Fuente: juiciosmendoza.blogspot.com.ar
