Presionada por estudiantes y vecinos, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba derogó el convenio con Monsanto

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La sesión en el Consejo de la Universidad cordobesa, donde los estudiantes presionaron para que se derogue el convenio con Monsanto. Foto: notas.org.ar

 

Tras la movilización de estudiantes y vecinos de distintas localidades Cordobesas hasta el recinto donde el martes 21 de octubre debía sesionar el Consejo Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, sus autoridades resolvieron suspender la discusión y dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 680/14, que incluía el Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la multinacional Monsanto.

Detrás de este convenio firmado por Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, con Monsanto se encuentra la intención de la multinacional de ingresar a las currículas educativas a través de la creación de pasantías para los estudiantes, además de utilizar el saber científico de la universidad como apoyo técnico para la confección de un nuevo informe de impacto ambiental, que ya ha sido rechazado anteriormente. También va tras el objetivo de la aprobación de su Ley de Semillas.

El convenio de cooperación se había celebrado con la empresa Monsanto Argentina el 8 de agosto de este año. La rectificación se produjo en el marco de un creciente conflicto al interior de la UNC, donde diferentes grupos, especialmente estudiantiles, llevaron adelante acciones en contra del acuerdo suscripto.

Monsanto es una conocida y polémica multinacional, que en la provincia de Córdoba fue protagonista de uno de los mayores conflictos sociales de los últimos años: la resistencia de los vecinos de la Localidad de Malvinas Argentinas (de aproximadamente 12.000 habitantes, ubicada a 10 kilómetros al este de la ciudad) ante el anuncio de la instalación de una de las plantas procesadoras de semillas de maíz más grandes del mundo.

El proceso inició en 2012 cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la iniciativa desde Nueva York junto con directivos de la multinacional. La planta comenzó su construcción, que era parte de una inversión de 1.500.000 dólares, pero luego se detuvo a causa de un bloqueo realizado por activistas.

Posteriormente se estableció su ilegalidad, debido a que la Secretaría de Ambiente de la Provincia rechazó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Monsanto. Sin embargo, la empresa continúa presente en la localidad de Malvinas, ofreciendo programas de oficios y empleos a jóvenes, y organizando talleres propagandísticos en las escuelas del lugar.

La FCA tiene un vínculo histórico con empresas como Monsanto. El actual Decano, Ing. Marcelo Conrero, afirmó que el convenio en cuestión formalizaba una serie de articulaciones que algunos docentes de esa unidad académica venían realizando “de manera personal”.

Uno de los puntos del convenio que generó mayores cuestionamientos fue la propuesta de que la Facultad realizara una revisión del Estudio de Impacto Ambiental (el mismo que fue rechazado por la Provincia). Este Estudio fue en su momento elaborado por la consultora privada “Agroambiente”, uno de cuyos directores es Jorge Dutto, actual Secretario General de la FCA.

La firma de este acuerdo fue realizada por una atribución decanal otorgada por la Ordenanza de la UNC que regula los convenios específicos de cooperación institucional. Sin embargo, el asunto no quedó como un hecho aislado en la FCA.

Cientos de estudiantes, junto a vecinos de Malvinas, se hicieron presentes en la sesión del Consejo Superior de la Universidad del 2 de septiembre de este año, para demandar a las autoridades una respuesta consecuente con el posicionamiento que habían tenido dos años atrás, que en aquel momento habían expresado “su solidaridad con las comunidades cordobesas que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto”.

Finalmente, luego de una larga sesión y con la abstención de la Franja Morada, el máximo órgano de gobierno universitario declaró que el convenio “contribuye, valiéndose del prestigio de toda nuestra Universidad, a legitimar la pretensión de la empresa a radicarse en Malvinas Argentinas”.

Tras ese acontecimiento, de gran repercusión mediática, se llevaron adelante dos medidas institucionales. Por un lado, el Decano Conrero puso “en suspenso” el convenio, sometiendo su pertinencia a una discusión exclusiva para miembros de la FCA. La actividad se realizaría el día 29 del corriente mes y estaría organizada por una empresa privada que supuestamente “garantizaría la neutralidad”, y que además cobraría 23.000 pesos.

Por otro lado, por iniciativa del Movimiento Universitario Sudestada, el Consejo Superior creó una comisión interdisciplinaria para organizar un debate a nivel de la UNC, con presencia de organizaciones sociales, para abordar las múltiples implicancias que tendría la instalación de la planta mencionada.

En el ámbito estudiantil se continuaron realizando actividades en el marco de una campaña en contra del convenio, y se programó un “plan de lucha” desde la asamblea inter-facultades para conseguir su derogación.

El desenlace del conflicto se abrió en la jornada del martes 21, cuando en sesión ordinaria del Consejo Superior el rector Francisco Tamarit informó que en un “plenario de decanos” se le había exigido a Conrero, por unanimidad, que deje sin efecto el acurdo firmado.

El decano aceptó la propuesta, que iba a ser refrendada por el Consejo Superior para adquirir estatus institucional. Sin embargo, la sesión fue interrumpida por un grupo de activistas que supuestamente pedían la derogación del convenio. Esta acción, que no formaba parte de lo acordado por la asamblea inter-facultades, generó fuertes confusiones.

Finalmente, se oficializó la derogación definitiva del convenio por parte del decano Marcelo Conrero, aunque persiste un marco de incertidumbre respecto de si se realizará o no el debate interno que estaba previsto en Agronomía, puesto que en ningún momento se anunció su suspensión.

Fuente: notas.org.ar/redeco.com.ar

 

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