Por Gabriel Morini
Para Tiempo Argentino
En una inédita decisión judicial y en momentos en los que se discute cómo combatir el tráfico de estupefacientes en el país, el juez federal Claudio Bonadio llamó a declaración indagatoria a dos fiscales que investigan el posible lavado de dinero derivado de una megacausa por narcotráfico. El magistrado citó como acusados al fiscal en lo Penal Económico Nº3, Emilio Guerberoff, y al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos. Lo hizo en base a una denuncia interpuesta por la jueza de Instrucción Nº42, María Gabriela Lanz, investigada junto a un grupo de personas y empresas como supuesta testaferro de su pareja, el empresario Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por el contrabando de 3300 kilos de cocaína en cajones de manzanas.
Bonadio fijó la indagatoria de Guerberoff para el miércoles, mientras que citó a Gonella para el jueves. Pero lo curioso es que ninguno de los funcionarios sabía de la denuncia en su contra hasta el jueves pasado, cuando fueron notificados formalmente de que se encontraban imputados en una causa iniciada a principios de año. La presión contra Gonella se suma a la audiencia en la que fue llamado a comparecer ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por no haber incluido en el requerimiento de instrucción de una causa por lavado al empresario kirchnerista Lázaro Báez, luego de que salieran a la luz en un programa televisivo los dichos del valijero Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar. Báez fue finalmente incluido por el fiscal Guillermo Marijuan pero hasta el momento tampoco pidió su indagatoria. Esa audiencia se llevará a cabo la semana que viene.
Pero todas las causas se cruzan: la jueza Lanz fue quien avaló las decisiones del fiscal de instrucción de Saavedra, José María Campagnoli, en un expediente paralelo en el que se acusaba a Báez de supuesta extorsión y de lavado. Llegó a anunciar el llamado a indagatoria para el empresario pero nunca fijó fecha para la audiencia. Finalmente, en octubre del año pasado, la Cámara del Crimen apartó a ambos de la investigación, y la derivó a la justicia federal donde se instruye la causa principal. Báez fue sobreseído por la presunta extorsión contra Elaskar por el juez Sebastián Casanello, a pedido de Marijuan.
Sin embargo, Lanz presentó los artículos publicados por Tiempo Argentino y señaló que fue como "represalia" por haber participado en ese expediente que la Procelac definió incluirla en la nómina de personas vinculadas a los narcotraficantes e iniciar una investigación en su contra que fue impulsada por Guerberoff. Lo cierto es que luego de la sentencia condenatoria del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 por la operación "Manzanas Blancas", la Unidad de Información Financiera presentó una serie de reportes sospechosos de entidades bancarias que daban cuenta de movimientos irregulares de fondos que serían producto de dinero del narcotráfico. A partir de ello, comenzó a investigarse el entorno de todos los condenados y sus empresas, en una causa en la que el juez Ezequiel Berón de Astrada continúa requiriendo información y documentos para cotejar las pruebas. Desde entonces, allegados a Temes Coto han intentado obstruir la investigación recusando al fiscal Guerberoff. Hasta la decisión de Bonadio, ninguna de las maniobras había tenido éxito.
"Me voy a presentar y vamos a evaluar los pasos a seguir", sostuvo Gonella consultado por Tiempo. "A los fiscales que investigan el lavado con mayúsculas se los acusa por denuncias de quienes están siendo investigados", agregó. "El sistema judicial, en lugar de investigar las causas de lavado, dilapida el tiempo en esto y deja prescribir otras causas. Es preocupante", sostuvo.
Bonadio es quien, a su vez, tiene varios expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura por la prescripción de causas que perjudicaron al Estado Nacional. Tanto Gonella como Gerberoff participaron recientemente de los aportes que la Argentina presentó ante el GAFI como muestras de avance de la lucha contra el lavado de dinero, que permitieron que el país fuera excluido de la "lista gris" de monitoreo y seguimiento.
