Por Fernando Camacho Servín
Para La Jornada
Los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cuatro meses rechazaron la versión dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR), de que sus hijos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, por considerar que no hay evidencias científicas de ello, y adelantaron que llevarán el caso ante la justicia internacional.
En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los estudiantes, subrayó que hay una prisa e intencionalidad política del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria no es concluyente y, por tanto, no se ha alcanzado el grado de verdad histórica que los padres de familia necesitan tener.
El abogado detalló que la investigación no puede cerrarse debido a que hay al menos 10 puntos que aún no han sido esclarecidos, entre ellos que no hay certeza científica para asegurar que los normalistas fueron asesinados.
Además, agregó, el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo,no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes.
Sin investigar, denuncias de tortura de algunos detenidos
Rosales expuso que hay denuncias de tortura de algunos detenidos que no se han investigado; no se ha resuelto el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes y siguen prófugas varias personas que podrían ayudar a entender lo que ocurrió a los estudiantes de Ayotzinapa.
Señaló que tampoco hay ningún proceso penal por el delito de desaparición forzada; existen dos versiones contradictorias entre sí sobre el desarrollo del delito que no han sido resueltas, y no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 jóvenes cuyos restos ya fueron identificados por exámenes de ADN.
El litigante expuso que no se ha agotado la línea de investigación que desde 2003 involucra al Ejército en complicidad con el cártel Guerreros Unidos ni se ha esclarecido qué otros funcionarios estaban coludidos con los delincuentes, no sólo a escala municipal, sino también federal y estatal, incluyendo al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Por lo anterior, el representante legal de los padres de los normalistas subrayó que no avalan el informe que dio a conocer este martes el procurador Jesús Murillo Karam e impedirán que el gobierno cierre el caso.
Anunciaron que llevarán el caso ante diversos organismos internacionales, con la finalidad de que se siga investigando lo ocurrido hasta llegar a la verdad, entre ellos el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas –el próximo 2 y 3 de febrero, cuando dicho órgano evalúe la actuación de México en esta materia– y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio a la manera en que el procurador busca cerrar de manera descarada las investigaciones sobre lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre, y deploró que las autoridades violen los acuerdos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, que obligan al gobierno a dar a conocer primero a los padres cualquier avance en las investigaciones.
Vamos a impedir que cierren las investigaciones: De la Cruz
La postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar, recalcó.
El estudiante normalista David Flores y varios padres y madres de los jóvenes desaparecidos –entre ellos Epifanio Álvarez, Cristina Bautista y Carmen Cruz– reiteraron su desconfianza en las autoridades, porque han pisoteado nuestra dignidad, y manifestaron su confianza en que sus hijos están con vida.
