Mientras que en la Legislatura está cajoneado un proyecto de ley del FIT que elimina la figura de la "detención por averiguación de antecedentes" -un paraguas legal que permite que todos los días cientos de jóvenes, en su mayoría de barrios pobres, sean capturados por la policía en la calle con un criterio de selectividad arbitrario de portación de rostro o vestimenta-, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura propuso como alternativa la elaboración de un "protocolo de actuación para las aprehensiones por averiguación de antecedentes e identidad".
La discusión sobre las razzias policiales en nombre del evangelio de la "averiguación de antecedentes" resurgió tras la muerte de Leonardo Rodríguez, un joven discapacitado que fue aprehendido durante la madrugada y que fue hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría 27, de Godoy Cruz, donde se registran antecedentes de abusos policiales bajo gobiernos de distinto signo (uno de los más recordados es el de Jonathan Chandía, fusilado por la espalda).
Tras su deceso, cuya versión oficial fue el "suicidio" por ahorcamiento, varias organizaciones e instituciones que luchan contra la violencia estatal claman por justicia y la abolición de las atribuciones que permiten a la policía llevarse a cualquier persona que, según su criterio, resulte sospechosa.
En su informe anual, Xumek (Asociación para la protección y promoción de los Derechos Humanos) aseguró sobre la política oficial al respecto: “Bajo la noción de más seguridad, en la actualidad, la única política criminal que la Provincia ha sabido ejecutar a la perfección es la detención por averiguación de antecedentes”.
La Comisión para la Prevención de la Tortura admite que la aprehensión por averiguación de antecedentes -contemplada en la Ley Provincial 6.722- depende "de la subjetividad de un efectivo policial que, por la vestimenta, el aspecto o lo que fuere (selectividad, discriminación y persecución)", y propone no la eliminación de esa posibilidad, sino la elaboración de un protocolo de actuación.
La detención por averiguación de antecedentes fue introducida por el gobierno dictatorial del dirigente del Partido Demócrata Bonifacio Cejuela, en 1982; y en 1999 modificada (pero no derogada), bajando el tiempo de detención de 24 a 12 horas.
Dos casos del 2015
La Comisión para la Prevención de la Tortura menciona dos casos ocurridos este año como objeto de análisis: el de Leonardo Rodríguez y la muerte, el 28 de enero, de Gustavo Horacio Roca Pena, un joven de 27 años, durante su privación “preventiva” de libertad en el penal de Boulogne Sur Mer.
Menciona que "los dos fallecimientos se dan en contextos de encierro. Es decir, casos en que el Estado (a través de la Policía y del Poder Judicial, respectivamente) ha decidido privar a la persona de uno de sus derechos fundamentales y básicos. En los dos casos, la versión oficial indica un suicidio por ahorcamiento. Los dos detenidos (vamos a utilizar esa expresión, aún cuando técnicamente no es correcta) eran inocentes al momento de su deceso. Es decir, no existía condena alguna que pudiera justificar la privación de libertad como sanción penal".
Este es el documento completo de la Comisión de Prevención de la Tortura sobre su propuesta y opinión acerca de la figura de la averiguación de antecedentes y la privación de la libertad:
