La Asociación de Magistrados selló una alianza contra el Gobierno con los candidatos de la oposición

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La corporación de jueces y fiscales federales que encabeza Ricardo Recondo acordó una alianza con los candidatos de la oposición.
La corporación de jueces y fiscales federales que encabeza Ricardo Recondo acordó una alianza con los candidatos de la oposición.

 

La Asociación de Magistrados de la Justicia Federal sellará un acuerdo político con los candidatos de la oposición para fortalecer su postura en la pelea que mantiene con el gobierno de Cristina Fernández.

La entidad que reúne a los jueces que resisten al gobierno informó que este martes los candidatos de la oposición firmarán un compromiso de defensa de los intereses de la corporación de los magistrados. Entre ellos, los jueces quieren el control de las escuchas telefónicas en manos de la Corte y no de la Procuración, como promueve el Gobierno. El documento a firmar fue denominado "Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial para afianzar la República".

La declaración fue elaborada por la asociación que agrupa a jueces y fiscales y que preside el camarista Ricardo Recondo, un declarado opositor al gobierno. El texto fue discutido en sucesivas conversaciones representantes de partidos políticos.

Durante las últimas semanas, Mauricio Macri (Pro); Ernesto Sanz (UCR); Sergio Massa (Frente Renovador), y Hermes Binner (Partido Socialista), entre otros, visitaron la Asociación de Magistrados y se comprometieron a regresar hoy para firmar el documento.

"La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se ha abocado a la tarea de recabar el compromiso de los dirigentes y representantes de los principales partidos políticos, en pos de afianzar la justicia, asegurando la plena vigencia del principio de separación de poderes que reconoce correlato ineludible en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Nación".

Uno de los puntos centrales del acuerdo apunta a que las escuchas telefónicas queden bajo el control del Poder Judicial, en lugar de la Procuración General, como pretende el Gobierno, o de la Secretaría de Inteligencia, como ocurre actualmente.

"(...) se preverá el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de las comunicaciones, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional".

 

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