"La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la muerte de Leonardo Rodríguez durante su detención en la comisaría 27 de Godoy Cruz, y pidió que se lleve a cabo un pronta y efectiva investigación que esclarezca las circunstancias de la muerte", se lee en un comunicado que envió la institución a las autoridades de Mendoza.
"De acuerdo a información recibida por la Oficina Regional, Leonardo Rodríguez fue detenido por averiguación de antecedentes el 16 de enero de 2015 y horas después, según versiones policiales, se habría quitado la vida ahorcándose con su propia camiseta en un calabozo de la comisaría. Varias fuentes denuncian que el cuerpo del joven presentaba signos de tortura, como hematomas, y le faltaban uñas. La Oficina Regional toma nota de la intervención como querellante en este caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza", señala el comunicado de la oficina dependiente de la ONU.
Junto con expresar solidaridad con la familia de Leonardo Rodríguez, el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, expresó que “no se trata de un hecho aislado. Existen múltiples denuncias de torturas y malos tratos por parte de la policía en Argentina, y particularmente en la provincia de Mendoza, las que muchas veces se relacionan con la figura de averiguación de antecedentes”, señaló.
La muerte de Leonardo Rodríguez en un calabozo de la 27 fue rápidamente atribuída a un suicidio por la jefatura policial y denunciada como un homicidio disfrazado por organizaciones que desde el principio apoyaron a la familia en su denuncia y alertaron por la reiteración de casos como el de Leonardo. Entre otras, se anotan en esa demanda Gatillo Fácil Mendoza, la Asociación de Abogados por la Justicia Social, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Observatorio de la Violencia de Estado en Mendoza, entre otras.
Al respecto, el Representante del ACNUDH llamó al Estado a enfrentar la violencia contra personas privadas de libertad desde una perspectiva de derechos humanos. “Argentina debe implementar una política criminal y penitenciaria amplia y efectiva, que incluya entre otras medidas la selección adecuada y la capacitación continua de todos los operadores que están en contacto con personas privadas de su libertad”.
Incalcaterra señaló asimismo la importancia de contar con una fiscalización independiente y periódica de todos los lugares de privación de libertad, con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos. En este sentido, urgió a las autoridades a dotar de un presupuesto adecuado al Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura de Mendoza, creado en 2011, para garantizar el efectivo cumplimiento de su mandato.
