El fiscal Alberto Adrián Gentili, subrogante de la UFI-AMIA hasta el 15 de febrero, pidió a la Procuración General de la Nación rescindir el contrato del técnico informático Diego Lagomarsino. En sus testimonios, la mayoría de los empleados de la UFI AMIA dijeron que no concurría a la fiscalía. Nadie sabe exactamente qué hacía.
La próxima semana la Procuración lo dará de baja, según informa el diario Página/12. “Gentili señaló en un escrito que el informático no se presentaba a trabajar y que lo mismo ocurrió con otro contratado, el abogado Claudio Rabinovich, que percibía 31.000 pesos mensuales y que será igualmente dado de baja”, dice la nota.
Lagomarsino había dicho que trabajaba vía remota y que el fiscal Nisman podía requerirlo en el edificio Le Parc de Puerto Madero a cualquier hora, incluso los fines de semana (por ejemplo, a las dos de la madrugada). La fiscal Viviana Fein, a cargo de la pesquisa por la muerte de Nisman, investiga el papel del misterioso técnico informático que ganaba 41 mil pesos.
Por eso pidió a la Procuración su legajo, junto con el de Rabinovich, según la nota de Página/12: “Aunque había otros ocho contratados que tampoco asistían a las dependencias de la unidad, según las declaraciones del resto de los empleados ante la fiscalía, que dijeron que sabían de su existencia, pero no conocen qué tareas cumplían. Tanto Lagomarsino como Rabinovich habían firmado sus contratos en 2008. Los papeles definían en forma genérica sus supuestas tareas. En el caso del primero, se hablaba de servicios informáticos, y en el del segundo, jurídicos”.
Lagomarsino es el dueño del arma calibre 22 con la que se ejecutó el disparo que causó su muerte de Nisman. Tiene prohibido salir del país.
Fuente: Infojus Noticias
