Miret, Romano y Petra Recabarren fueron acusados por ignorar hábeas corpus de militantes secuestrados

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otilio

 

Los jueces Otilio Romano, Luis Miret y Max Petra Recabarren fueron implicados por testimonios del IV juicio de lesa humanidad como cómplices del terrorismo de estado de la última dictadura al omitir acciones de servicio de justicia en detrimento de militantes secuestrados y luego desaparecidos.

El primer testimonio fue brindado por Marta Freite mediante video teleconferencia desde la Embajada Argentina en París, Francia. Su testimonio aportó datos sobre la desaparición de su marido, Pedro Ulderico Ponce, ocurrida el 4 de abril de 1977 en la puerta de su lugar de trabajo ubicado en la Biblioteca Pública General San Martín.

El matrimonio Ponce-Freite militaba en Montoneros desde 1972 y fue referente de la llegada de esta organización a la provincia. En 1974, Marta decidió desvincularse de Montoneros por diferencias políticas pero Pedro continuó su militancia.

Indagada por los integrantes de la Fiscalía sobre diferentes episodios que preludiaron la detención y posterior desaparición de Ponce,  la testigo mencionó en su relato a los ex jueces Miret, Romano y Petra Recabarren, implicados en esta causa.

Sobre los trámites realizados, denuncias realizadas en comisarías y habeas corpus presentados para interceder por Ponce, la testigo expresó que todas estas acciones fueron negadas y rechazadas.

“Yo no tengo ninguna explicación de lo que ha pasado y no quisiera morirme sin poder enterrarlo.  Si esas personas tienen un mínimo de cristiandad que digan qué hicieron y dónde están”, finalizó Freite.

Sobre este caso también atestiguó Lucía Angélica Burguet, quien para entonces era compañera de trabajo de Ponce.

La testigo refirió sobre los hechos ocurridos el 4 de abril, último día que vieron a Ponce. “Ese día, Pedro pidió salir antes y después de eso no lo vimos más”, expresó Burguet y agregó que las presiones de la dictadura permearon en la Biblioteca Provincial con la censura de autores y libros, los cuales fueron guardados hasta el retorno de la democracia.

La historia de Ana Aramburu

Finalmente, declaró Guillermo Enrique Defan, abogado jubilado, citado como testigo en la causa que investiga la detención de su cuñada Ana María Florencia Aramburu, ocurrida el 6 de marzo de 1979.

El testigo relató que al momento de la detención de Ana María Aramburu iba acompañada por la madre de Defan, tras lo cual ambas fueron trasladadas al D2. Al conocer este hecho, Defan se presentó al Palacio Policial donde le dijeron: “Su mamá si está, la otra mujer no”.

A partir de diferentes averiguaciones, el testigo expresó que pudo saber que Aramburu fue trasladada a Devoto. Con este dato, Defan visitó a Aramburu en diferentes ocasiones para llevarle de visita a su pequeña hija.

“Me comentó que la habían maltratado”, recordó el testigo al referirse a las charlas que mantuvo con Aramburu respecto a sus días de cautiverio.

En su relato, Defan refirió además a un allanamiento realizado en su vivienda y posterior detención ocurrida el 28 de marzo de  1976. Permaneció detenido hasta el 27 de agosto en el Liceo Militar y recuperó su libertad “sin que nadie dijera porqué estuve allí”.

La etapa testimonial continúa el lunes 23 de febrero, a las 9.30 en el primer piso de Tribunales Federales.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

 

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