La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura rechazó la iniciativa del gobierno de Pérez de encerrar a jóvenes que hayan cometido delitos en un penal en Cacheuta, por considerar que viola los derechos humanos "e implica un claro retroceso en materia de políticas públicas, exponiendo a la provincia a una nueva violación de derechos de personas privadas de la libertad".
Pese a esta manifestación de principios básicos, las obras están a punto de finalizarse y estaban previstas en el Presupuesto 2015, según se lee en el artículo séptimo sobre el nombramiento de personal penitenciario:
En un extenso documento donde fundamenta con tratados internacionales a los que Argentina está adherida y convenciones de respeto mínimo de los derechos del niño, el titular de la comisión, Fabricio Imparado, argumentó que la detención en centros de privación de la libertad similares a los de los adultos, sumado al aislamiento del entorno social de los jóvenes, son un escollo en su tratamiento de inserción social.
La cárcel para jóvenes en Cacheuta está bajo el dominio del Ministerio de Desarrollo Social y tiene un avance de obras de 90%. "Ya es un hecho -señaló Imparado-. Allí se pretende alojar a jóvenes de entre 16 y 18 años que hoy están en el ex COSE".
"La privación de la libertad parece transformarse en regla para el fuero penal de menores que bajo la excusa de 'la única alternativa posible' es dispuesta de manera indiscriminada", señaló Imparado, quien criticó, además a los legisladores, por no debatir profusamente sobre e tema antes de darle curso a esta idea.
"Hoy Mendoza nuevamente se expone ante la comunidad internacional al construir y pretender alojar allí, alejados de la comunidad, a jóvenes en conflicto con la ley, en una clara omisión de deberes y compromisos asumidos", remarcó el funcionario.
Este es el documento completo de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura:
