Alcaldes de Michoacán, (occidente de México), estado azotado por pugnas de cárteles del narcotráfico reconocieron este jueves que están obligados a pagar dinero a integrantes del crimen organizado para garantizar su integridad física.
El presidente municipal interino de la localidad de Nahutzen, Wilfrido Flores Villa, fue asesinado a balazos el lunes en la mañana cuando se encontraba desayunando con su esposa en un restaurante de Pátzcuaro, cercano a su municipio, a unos 350 km de la capital mexicana.
La Federación Nacional de Municipios de México, dio a conocer que desde 2006 han sido asesinados en todo México 31 alcaldes siendo Michoacán y Durango (norte) los estados más afectados.
Agregó que las bandas del crimen organizado en esa zona, principalmente el cártel Los Caballeros Templarios, de Michoacán, han instituido el llamado "cobro de piso" una lucrativa forma de obtener ingresos obligando a las personas a pagar para no ser secuestrados o asesinados.
Uno de los cinco presidentes municipales consultados, que pidió guardar el anonimato, dijo que “la inseguridad es algo que nos está afectando, es algo que todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice, porque nosotros tenemos que lidiar con la delincuencia organizada y tenemos que pagar impuestos a ellos”.
“No te dejan alternativa, ahora sí, como dice el dicho, 'o cooperas o cuello'”, agregó.
Los alcaldes se ven obligados a hacer un pago mensual de aproximadamente 800 dólares, que los delincuentes van a buscar sin aviso previo a las oficinas de las presidencias municipales.
Pagar una cuota a los delincuentes "no es algo que nosotros queramos hacer, es algo que nos obligan a hacer, no hay para dónde hacerse (ir), no es una opción que te den", afirmó.
La organización Propuesta Cívica presentó un informe a finales de diciembre en el que detalló que más de 20 mil personas desaparecieron durante el gobierno de Felipe Calderón, a raíz de la guerra que emprendió contra los cárteles del narcotráfico.
"Más que declaraciones, queremos acciones, coordinación, resultados para la gente. Antes decían: 'ahí van 20 mil soldados para protegerlos de la delincuencia', y pues sí llegaban los soldados, llegaba la Marina, llegaba sobre todo la Policía Federal, y se iban de vacaciones los delincuentes, y ahora yo creo que se tienen que dar otro tipo de resultados", dijo el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, junto con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.
Ricardo Guzmán Romero, quien fuera un carismático alcalde de La Piedad, otro municipio de Michoacán, fue asesinado en noviembre de 2011 unos días antes de terminar su mandato.
Pero Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador regional en Morelia, capital estatal, recordó a los ediles que pagar al crimen organizado es un delito.
"Quien forma parte de un órgano legalmente constituido no puede participar de ninguna forma con el crimen organizado o con la delincuencia (...) No se puede pagar cuotas, es ilegal", dijo el funcionario.
Los alcaldes de Michoacán que están más amenazados son los de municipios que limitan con otros estados mexicanos, cuyos cárteles regionales se disputan con Los Caballeros Templarios el control territorial para efectuar actividades criminales.
Aguilera Garibay sostuvo que los presidentes municipales amenazados por los narcotraficantes tienen la obligación de denunciar ante las autoridades, toda vez que el dinero que pagan a los delincuentes es parte del erario público.
Hartos de las amenazas de bandas criminales que secuestran, extorsionan y matan, los habitantes de al menos seis municipios de la montaña del vecino estado de Guerrero (sur), se empezaron a organizar desde el 6 de enero para formar policías comunitarias.
Unos mil campesinos armados con escopetas y machetes instalaron retenes en las carreteras y patrullan con el rostro cubierto las calles de sus poblados para detener a los delincuentes y ejercer justicia por su propia mano debido a la escasez de patrullaje.
Fuente: Telesur
