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A 15 años del rechazo al Proyecto San Jorge, que luego impuso Alfredo Cornejo en su escribanía legislativa

Desde 2011, tras el veto por la Ley 7722, el Proyecto San Jorge cambió de dueños. En 2025, PSJ Cobre Mendocino logró la histórica ratificación legislativa de su DIA para extraer cobre, manteniendo el debate por el agua en Uspallata

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San Jorge avanza, a pesar de las protesta.

La historia del Proyecto San Jorge (PSJ) en la zona de Uspallata, Mendoza, representa uno de los procesos de tensión socioambiental y política más prolongados y complejos de la minería argentina. La resistencia salió a las calles al cumplirse 15 años desde que la Legislatura vetó el proyecto, que, luego (en diciembre de 2025), logró imponer el gobernador radical Alfredo Cornejo con las Cámaras de Diputados y Senadores convertidas en sus escribanías.

El veto legislativo y la parálisis (2011)

En agosto de 2011, tras años de resistencia social impulsada por las asambleas del agua y organizaciones ambientales, la Cámara de Diputados de Mendoza rechazó por unanimidad la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto impulsado entonces por Coro Mining.

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La estricta Ley Provincial 7722 (que exige ratificación legislativa para emprendimientos metalíferos y prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico) frenó las aspiraciones de explotación de cobre y oro de la mina.

Mutación de la empresa (2012–2019)

Para sortear la restricción legal y social, el proyecto atravesó varias fases de reestructuración:

  • "San Jorge Bi-Provincial": La firma intentó un plan alternativo que consistía en extraer el mineral en Mendoza y trasladarlo mediante tren a la provincia vecina de San Juan para procesarlo allí. Sin embargo, la propuesta no prosperó por trabas reglamentarias y rechazo político.
  • Cambios de titularidad: En 2015, la minera pasó a manos del fondo Aterra Capital junto a Solway Investment Group, este último adquiriendo la totalidad del paquete accionario en 2019.
  • Reingeniería del proceso: Se eliminó la extracción de oro con lixiviación de lixiviantes prohibidos, concentrándose únicamente en cobre por flotación, un proceso físico-químico adecuado a los márgenes de la Ley 7722.

Transición de dueños (2020–2024)

Con el incremento de la demanda global de cobre para la transición energética, el yacimiento cobró nuevo atractivo geopolítico y comercial:

  • Llegada de nuevos capitales: En 2024, el consorcio suizo Zonda Metals GmbH y el grupo argentino Grupo Alberdi asumieron la propiedad de Minera San Jorge S.A., operando como PSJ Cobre Mendocino.
  • Cambio de clima político: Tras la fallida reforma de la Ley 7722 en 2019 (que desató movilizaciones masivas conocidas como el "Mendozazo por el agua"), el gobierno provincial comenzó a diseñar estrategias enfocadas en impulsar la minería sustentable de cobre en zonas con licencia social o mediante el estricto cumplimiento del marco legal existente.

Reactivación (2025)

  • Presentación del nuevo IIA: A inicios de 2025, la empresa presentó un renovado Informe de Impacto Ambiental proyectando una inversión cercana a los 600 millones de dólares para extraer unas 40.000 toneladas de cobre fino al año.
  • Evaluación e informes técnicos: El estudio fue derivado a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y organismos sectoriales. Paralelamente, sectores de la comunidad científica (como el CONICET Mendoza), la Pastoral Social y entidades ambientalistas advirtieron sobre los riesgos de contaminación de la cuenca del Río Mendoza y el drenaje ácido en las nacientes de agua.
  • Audiencia Pública: En agosto de 2025 se realizó la convocatoria y participación ciudadana, donde se cruzaron posturas entre defensores de la generación de empleo y detractores preocupados por la sustentabilidad hídrica.

Escribanía legislativa (2025)

En un viraje histórico tras 14 años de veto:

  • En noviembre y diciembre de 2025, la Legislatura mendocina —primero la Cámara de Diputados y días después el Senado— aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino).
  • Con esta resolución, San Jorge se convirtió en el primer proyecto metalífero de gran escala en recibir autorización legislativa en Mendoza desde la sanción de la Ley 7722.

Escenario actual (2026)

El proyecto ingresó a la fase preparatoria y de obtención de permisos operativos sectoriales previos a la construcción de la mina. Si bien cuenta con el aval institucional del Gobierno provincial y la ratificación del marco regulatorio nacional, el conflicto socioambiental se mantiene activo, con litigios legales y monitoreos de las asambleas ambientales sobre el impacto hídrico en el Valle de Uspallata.

Para conocer más sobre el contexto del debate y los planteos críticos respecto a la evaluación ambiental de San Jorge en Uspallata, puedes mirar este informe en Análisis sobre el Proyecto Minero San Jorge, donde se discuten las implicancias socioambientales y el proceso de votación legislativa.

ExplicitoOnline.com

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