Los empresarios mineros beneficiados por la generosidad del RIGI presionan ahora para cambiar la Ley de Glaciares, que les impide extraer metales o dinamitar en zonas cercanas a estos reservorios de agua y en entornos periglaciares. Argumentaron que es el principal freno que encuentra la actividad para su libre desarrollo a lo largo de la cordillera de Los Andes.
El fundamental aliado que tienen estos lobbistas es el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, de larga trayectoria como abogado en materia minera, quien en una entrevista con La Opinión Austral apuntó: “Claramente, la solución es cambiar la ley y reemplazarla por una más moderna que no tenga el tinte antiminero que tiene la normativa actual“.
El secretario agregó que la actual legislación “es una ley que pone un freno importante, un grado de incertidumbre demasiado grande en proyectos que requieren inversión de envergadura, y esa es la preocupación que tenemos y que trataremos de solucionar”.
Según el funcionario, que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, la Ley de Glaciares, que fue creada con el objetivo de proteger estos ecosistemas sensibles, es una traba para el desarrollo de proyectos mineros de gran escala. “Es una ley que pone un freno importante, un grado de incertidumbre demasiado grande en proyectos que requieren inversión de envergadura, y esa es la preocupación que tenemos y que trataremos de solucionar”, aseguró Lucero.
El funcionario cuestionó la Ley de Glaciares, vigente desde el 2010, porque a su entender incluye un concepto “extremadamente vago y perturbador para la minería“, al prohibir la actividad en glaciares y en el ambiente periglaciar.
“Aunque la ley establece restricciones sobre la minería bajo la premisa de que los glaciares son reservas hídricas estratégicas, esta premisa no se ajusta a la realidad científica“, aseguró y agregó: “De hecho, la ciencia lo desmiente, los glaciares no tienen una relevancia crucial como reservas hídricas, por un lado y, por otra parte, el ambiente periglaciar es un concepto absolutamente vago“.
En Mendoza ya hicieron oídos sordos
El gobierno de Alfredo Cornejo desoyó las advertencias por la presencia de glaciares para imponer la extracción de cobre en la cordillera de Malargüe. Omitió el mandatario las objeciones realizadas ante la Fiscalía de Estado por la nula contemplación de la afectación de glaciares.
Tampoco tuvo en cuenta las advertencias del IANIGLA por los glaciares potencialmente afectados por el proyecto Cerro Amarillo, en las cuencas de los ríos Grande y Atuel.
El plan extractivista de Cornejo recibió, además, un espaldarazo de la Suprema Corte, que rechazó la participación de siete organizaciones civiles, sociales y de Derechos Humanos en un litigio por el fracking en el sur provincial.
