A pedido de Malargüe, el Consejo Económico y Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) pidió formalmente a Rodolfo Suarez que reabra el debate sobre la megaminería.
Fue el titular de la Agencia de Ordenamiento Territorial municipal, José Luis López, quien presentó la propuesta de ese departamento sureño: con el argumento de que es una zona de frontera el gobierno de Juan Manuel Ojeda pretende quedar exceptuado de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.
Ya lo había adelantado López: “Hay legislación específica para Malargüe por ser zona de frontera, ese es el argumento para hacer el abordaje y el planteo e ir por fuera de la legislación provincial. Tomando las leyes nacionales en esa zona se podría hacer minería, el planteo lo tenemos que realizar a nivel nacional también”, le dijo a El Sol meses atrás.
Desde su conformación -anunciada por Suarez en su primer discurso frente a la Legislatura- referentes de la oposición y las asambleas por el agua vieron en este organismo paraestatal un intento velado de avanzar con la megaminería "con consenso" tras la pueblada del agua.
La idea, al dejar afuera a los asambleístas, es tratar de encapsular su reclamo haciéndolo pasar como minoritario.
Es que Suarez, pese al pacto con el PJ, que le dio los votos, no pudo imponer la ley del cianuro por el gran rechazo social manifestado en las calles. El CEAS es una figura ideada para hacer pasar el lobby minero como un gran consenso institucional. En ese marco, sin ser el propio gobernador quien los plantee, vuelve el tema al ruedo de la mano del CEAS.
El documento presentado ahora por el CEAS sostiene que en el marco del objetivo 8 de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de Naciones Unidas que establece la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y trabajo decente para todos, "habiendo analizado y discutido los proyectos presentados y teniendo en cuenta el desarrollo de cada proyecto, el consenso alcanzado y su rol transformador de la economía mendocina, la comisión de crecimiento económico del CEAS manifiesta la necesidad de fomentar distintas actividades económicas".
El documento propone “re abrir el debate minero con consideración de las dimensiones económica, ambiental y social, incluyendo las miradas y experiencias internacionales en el marco de los acuerdos globales y teniendo en cuenta el cuidado del agua, las características sociales de cada Departamento y la generación de empleo. Se invitará a la reapertura del debate a todos los actores relacionados e interesados en la temática, buscándose la activa participación de un organismo con capacidad científica comprobada que propicie el diálogo claro”.
“Para la efectiva implementación del resultado de este debate se tomará en especial consideración los departamentos que, como el caso de Malargüe, muestren una clara aceptación hacia la necesidad de contar en sus territorios con esta actividad” dice otro párrafo.
El documento señala que es necesario “avanzar en un plan de matriz productiva de Mendoza que facilite su integración al mundo e incorpore innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de la economía: tradicionales tales como agricultura, ganadería, industria y servicios (comercio, turismo) y no tradicionales (cultural, aero-espacial, economía del conocimiento)”.
Malargüe insiste con la zonificación
A prinicipios de año, el intendente Ojeda (Cambia Mendoza) presentó su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial en busca de la “micro y macro zonificación” para el impulso de la minería metalífera y no metalífera.
Fue en una audiencia pública cuestionada por no ser accesible para poblaciones que se verán afectadas por la planificación, además de que en varios tramos se quedó sin audio la transmisión por YouTube.
El plan de ordenamiento presentado por Ojeda puso el acento en un corredor logístico petrolero uniendo el valle del río Grande con los puertos de Chile y Bahía Blanca y las rutas del fracking de Vaca Muerta a través de la 40.
Con su propuesta ante el CEAS reafirma la línea minera y extractivista y un nuevo embate contra la 7722.
