Mendoza está en el pelotón de 4 provincias que presentaron proyectos de ley de Presupuesto con perspectiva de género (PPG) sin lograr avanzar aún en su implementación, según un informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego la acompañan en el grupo.
Mientras tanto, otras jurisdicciones como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y San Luis dieron un paso más y ya implementaron el PPG.
La implementación de este tipo de presupuestos es una de las herramientas de gestión fundamentales para propiciar la transversalización de las cuestiones de género en el Estado. "A través de este instrumento, se puede cuantificar el esfuerzo que realizan los gobiernos a los fines de erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género", precisa CEPA, cuyo análisis puede leerse completo aquí.
Es, por ponerlo en palabras simples, el reflejo económico de las políticas para la igualdad. Sin embargo no implica más dinero, sino un esquema de planificación y de cómo se destinan las partidas.
"El punto de partida del PPG es reconocer que los presupuestos no son neutrales al género. Dadas las desigualdades estructurales que existen entre varones y mujeres y LGTBI+, el impacto de las políticas públicas no resulta indiferente. Si pasamos por alto estas brechas, lo más probable es que las estemos reproduciendo, o incluso agravando la situación de desigualdad. En cambio, proponer presupuestos sensibles al género implica preguntarnos: esta política pública determinada, este crédito asignado para este programa, ¿contribuye a reducir las brechas de desigualdad de género? ¿O por el contrario, mantiene el status quo?", indica el estudio.
Indica CEPA que los antecedentes en materia de PPG a nivel mundial se remontan a la experiencia en Australia en 1984. Con posterioridad, en la Plataforma de Acción de Beijing que se adoptó en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, se recomendó su utilización, instalando la herramienta en la agenda pública. En la actualidad, más de ochenta países han implementado, con distintas características, presupuestos sensibles al género.
"En nuestro país, se implementó por primera vez a nivel nacional en el ejercicio presupuestario 2021, en un trabajo coordinado entre el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Así, se sancionó en 2020 el primer “Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad” (PPGyD)", detalló.
La clave, el etiquetado
El reporte de CEPA remarca que el PPG no implica un presupuesto aparte para políticas de género o exclusivo para mujeres y LGTBI+, sino que la clave es el etiquetado.
Es decir: asignarle la categoría PPG a todas aquellas partidas presupuestarias, independientemente de qué área la ejecute, que contribuyan a garantizar el acceso a derechos de las mujeres y diversidades y así reducir las desigualdades existentes por motivos de género. Por ende, es transversal a todas las áreas de gobierno.
"Esto no implica necesariamente incrementar el gasto del Estado, sino ejecutarlo de manera tal que esté orientado a la reducción de las desigualdades y las violencias por motivos de género. Es decir, asignar los recursos de modo que sean tenidas en consideración las desigualdades en el acceso a derechos y a partir de ese reconocimiento, se promueva su equiparación", se explaya.
"Es importante no sólo cuantificar el gasto sino también elaborar metas físicas con perspectiva de género", señalan en otro punto del informe.
El PPG, concluye CEPA, "es una herramienta no sólo transversal a la administración pública toda, a todas las áreas de gobierno (en definitiva, como el presupuesto público mismo), sino que también atraviesa todas las fases del ciclo presupuestario".
Mendoza, una de las que no tiene ministerio específico
Señala CEPA que en términos de institucionalidad, las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuentan con áreas que implementan políticas de género. Sin embargo, el rango dentro de los organigramas de dichas áreas difiere significativamente entre jurisdicciones, postula.
Sólo cinco provincias cuentan con ministerios que aborden las cuestiones de género: Buenos Aires (Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual), Córdoba (Ministerio de la Mujer), Neuquén (Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad), Santa Cruz (Ministerio de la Igualdad e Integración) y Santa Fe (MInisterio de Igualdad, Género y Diversidad).
En trece jurisdicciones se constituyen como “Secretaría”, siete bajo la órbita de un ministerio y seis dependientes de Gobernación/Jefatura de gobierno. Por último, en dos provincias las áreas poseen rango de “Subsecretaría”, en otra de “Dirección Provincial”, en otras dos de “Dirección” y una con conformación de “Consejo Provincial”.
