Una nueva jornada de protesta contra el Proyecto San Jorge terminó este miércoles con dos personas detenidas en la Ciudad de Mendoza, tras una marcha que recorrió el centro desde el kilómetro 0 hasta la Legislatura provincial. La movilización, convocada por vecinos, asambleas socioambientales y agrupaciones territoriales, volvió a rechazar el avance del emprendimiento minero en Uspallata, destinado a la explotación de oro y cobre, y que enfrenta una fuerte resistencia social por la falta de licencia ambiental y comunitaria.
Llevados al Polo Judicial
Según relataron asambleístas a EXPLÍCITO, las personas detenidas son Liza Rule y Martín Iglesias, trasladadas al Polo Judicial luego de los incidentes ocurridos durante la desconcentración. Testigos aseguran que la marcha se desarrollaba de forma pacífica hasta que, al intentar llegar a la Plaza Independencia, efectivos policiales bloquearon el paso y comenzaron los forcejeos. Poco después, los uniformados lanzaron gas pimienta, desatando corridas y tensión en pleno centro capitalino.
“Nos agarraron al azar, nos golpearon. Estoy esposada en un patrullero en el Polo Judicial”, denunció Rule en un audio enviado desde el móvil policial a sus compañeros de asamblea.
Reiteración de un patrón represivo
La escena remite a lo ocurrido el pasado 29 de agosto, cuando otro manifestante —Facundo Gollano, músico y vecino de Villa Hipódromo— fue detenido sin orden judicial visible tras una marcha similar. En aquella ocasión, la imputación por “robo en grado de tentativa”, y luego mutó a "ataque a un bien público" porque pateó la bicicleta de una bicipolicía, y se basó exclusivamente en declaraciones policiales, y Gollano pasó varias noches detenido en el Polo Judicial.
Ambas detenciones se produjeron en el marco de movilizaciones masivas en defensa del agua y los territorios, donde se cuestiona la viabilidad ambiental y social del Proyecto San Jorge. El emprendimiento extractivo, impulsado en Uspallata, ha sido señalado por organizaciones como carente de garantías ambientales y sin aval comunitario.
Un conflicto que escala
La reiteración de detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza en contextos de protesta pacífica encienden alertas sobre el tratamiento institucional del conflicto minero en Mendoza. Mientras el gobierno provincial insiste en avanzar con el proyecto, las asambleas denuncian persecución, criminalización de la protesta y falta de diálogo.
