Uno de los más activos militantes contra el fracking en Mendoza, Esteban Servat, denunció este domingo que el gobierno de Cornejo busca, a través de una ofensiva judicial, quitar de la cancha a quienes se opongan a los proyectos megamineros. Y expuso la experiencia de un activista, encarcelado más de un mes, como ejemplo de esa avanzada.
La resistencia al lobby prominero en las calles impidió, hasta el momento, que se reformara la ley 7722 hasta convertirla en letra muerta como pretende el oficialismo e impulsan dos proyectos legislativos que llevan el sello del PJ. Según Servat, esta es la razón por la cual el Ejecutivo busca quebrar a los ambientalistas impulsando "una ola de persecuciones para desmantelar la resistencia".
Detalló que "la primera víctima de sus nuevos métodos ha sido un histórico luchador por el agua, a quien le armaron una cama mientras trabajaba haciendo fletes, poniéndole mercadería robada para que fuera emboscado y así implicarlo en una causa judicial. Miguel Angel Vecino Perez fue así injustamente detenido por esta causa armada y acaba de recuperar la libertad tras pasar un mes preso hasta finalmente ser liberado".
Servat contó que el ahora liberado "se exponía frecuentemente con su vehículo para poner carteles contra el fracking, manteniendo una intensa participación en la lucha por el agua, y fue detenido el día anterior a una importante convocatoria que preocupaba a Cornejo en la que iba a participar. Este compañero de lucha sabía que su caso fue armado para desmovilizar y asustar a sus compañeros, y pidió no hacerlo público en el momento hasta que recuperara su libertad para no caer en el juego del gobernador".
Servat es un científico que reside en General Alvear y trabajó en Estados Unidos más de diez años con la ciencia, además tiene un posgrado en biotecnologías. Es uno de los mayores activistas antiminero en Mendpza. Días atrás fue quien entregó al subsecretario de Minería, Emilio Guiñazó, la botella con agua de Jáchal en medio de una audiencia pública.
Tras la liberación de Vecino Pérez, advirtió: "Debemos estar preparados para imputaciones cuya principal característica será poner en duda la inocencia y honestidad del afectado, acusándolo de acciones indefendibles que no tengan nada que ver con la defensa del agua. Así, en operaciones tipicas de manual, se apoyarán en elementos internos para generar las primeras grietas influenciando a la gente para pensar que el acusado es culpable. Tenemos información de que la nueva ofensiva prepara acusaciones que incluyen violencia de género y causas armadas por mal desempeño de funciones para desplazar a un importante referente académico, entre otras".
"Estuve 36 días detenido en San Felipe"
Miguel Ángel Vecino Pérez (54) es fletero. Para con su camioneta junto a otros cinco fletes frente al híper Libertad, en Godoy Cruz. En su vehículo de trabajo ha salido a pegar carteles contra la megaminería por la ruta 40, y también en las plazas y en las rutas. El 8 de noviembre iba a participar de una de las numerosas marchas contra las reformas de la 7722. Pero un día antes fue detenido. Lo liberaron poco más de un mes después.
Según contó a EXPLÍCITO, "el 7 de noviembre a las 17 dos personas fueron donde paro con mi camioneta a preguntar por mí. 'Preguntaban por el de la camioneta blanca'. Me dijeron que trabajaban para un estudio de abogados y que tenían que ir a cobrar a una heladería. Pero me piden que estacionemos a una cuadra del lugar, a la vuelta. A los pocos minutos vienen corriendo y me dijeron 'vamos que se pudrió todo, vamos'. Salimos y yo no sabía si estaban armados o que. En un momento simulé que se me rompía el contacto de la camioneta, la paré, y ellos salieron corriendo. A los pocos minutos cayó la policía, supuestamente porque ellos habían asaltado a la heladería".
A partir de ese momento, siguiendo el relato de Vecino Pérez, él pasó a ser testigo de una causa por robo agravado a mano armada. "El policía me pidió si podíamos llevar la camioneta a peritar, le dije que sí. Y en ese momento recibe una llamada el policía. Cuando corta me dicen si tenía problema en que uno de sus compañeros se lleve la camioneta mientras yo voy a declarar. Así hicimos. Y en la camioneta resulta que aparece una cartera de mujer, vacía".
"Me llevaron a un calabozo y allí estuve cuatro días sin contacto con nadie", siguió. "Yo pedía que bajaran las cámaras de seguridad del Libertad, ahí seguro se veía quiénes eran esos dos tipos. A mí me secuestraron". Un abogado asignado de oficio le dijo que saldría al lunes siguiente. De allí pasó al penal San Felipe, donde pasó 36 días.
Vecino Pérez cree que su detención se vincula a un plan para "amedrentar" a quienes luchan porque no se modifique la Ley 7722, y ponen su cuerpo y recursos en esa batalla. "No soy el único, hay gente que fue a las marchas y volvió y le han grafiteado su negocio, gente a la que no le han querido incribir sus hijos en la escuela, gente que se ha tenido que ir de la provincia", resume.
Dice estar seguro de que se trata de una persecución a los ambientalistas incluso por el tato que recibió en la Penitenciaría. "Los guardiacárceles me decían 'nos han dicho que te tenemos que cuidar que no te pase nada'. Pero al mismo tiempo me sacaban al psicólogo un sábado para ir a que yo le dibujara una casita. El día de visita de la familia me ponían psicólogo a las 8 de la mañana y me atendía a las 4 de la tarde, o sea que me quedaba sin visitas. Una de las audiencias por mi libertad me llevaron tarde me hicieron perder la audiencia".
Hasta el día de hoy, Vecino Pérez no ha recuperado su teléfono celular ni su camioneta, que siguen en manos de la justicia. El militante ambientalista analiza por estas horas cómo encarar una demanda al estado mendocino por su detención y las condiciones en que se dio la misma.
No obstante, el encierro en la cárcel, asegura , le sirvió para sumar militantes a la causa ambientalista: "Cuando me fui, todos los muchachos, los guardiacárceles y otros que trabajan allí me despidieron cantando 'El agua de Mendoza, no se negocia'".
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