Una de las acciones que planea el Gobierno argentino en el marco de la estrategia para enfrentar la condena de la Justicia de Estados Unidos a pagarle una mil millonaria suma -que considera injusta el país- a los fondos buitre es denunciar al Bank of New York (BoNY) por violación del contrato por el que asumió la gestión del pago a los bonistas de la deuda reestructurada de Argentina y, como consecuencia, imponer un cambio de jurisdicción para el pago de los bonos originados en los canjes de 2005 y 2010 que fueron afectados por el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Esta línea de acción es una de las descriptas por el periodista Martín Piqué en Tiempo Argentino en una nota titulada El gobierno prepara una múltiple ofensiva judicial contra los buitres, que es presentada en el principal espacio de la portada del medio del Grupo Veintitrés. La avanzada en una línea que permita dejar de pagar la deuda reestructurada en el bando estadounidense permitiría salir de esa conflictiva jurisdicción para Argentina, además de incidir sobre la confiabilidad de Nueva York para ser centro de resguardo de futuras reestructuraciones de deudas soberanas.
Como describe Piqué, esta iniciativa podría explotar lo que hasta ahora aparece como el aspecto más sensible del litigio para los intereses del sistema financiero estadounidense: el riesgo de pérdida de credibilidad y confianza en los bancos de Estados Unidos por parte de las naciones que necesiten reestructurar sus deudas soberanas. Retirarse de Nueva York para elegir otras plazas tradicionales, como Londres, Luxemburgo o Tokio, o poner como jurisdicción los bancos del propio país, afectaría intereses muy concretos.
El artículo de Tiempo, recuerda que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, adelantó una presentación jurídica contra Estados Unidos en el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya. Aunque esta denuncia no prosperará a menos que el país gobernador por Barack Obama acepte someterse a un juicio en dependencias judiciales independientes de su Constitución.
La presentación en La Haya, en la que ya está trabajando un equipo de abogados especialistas en controversias entre países, se sumará así a la investigación que ya está en curso en la Comisión Nacional de Valores (CNV), sobre la probable ejecución de una "estafa millonaria" –Axel Kicillof dixit– para favorecer a los fondos buitre con el desembolso de los seguros contra default.
La investigación de la CNV, que esta semana le pedirá información a la Securities Exchange Commission (SEC), autoridad regulatoria de las transacciones en la Bolsa de Nueva York, apunta a determinar si dos decisiones tomadas por Griesa pretendieron ex profeso beneficiar a los fondos especulativos NML Capital y Aurelius con el cobro de sumas millonarias.
La primera medida que está bajo la lupa es la decisión del juez de delegar en los propios interesados –los buitres que litigaron contra el país– si correspondía o no aceptar el recurso del stay que reclamaba la Argentina como condición para un acuerdo de último momento. La otra medida que alimentó las sospechas, y que fue duramente criticada por Kicillof y su vice, Emmanuel Agis, fue la utilización de la palabra "default" por parte del mediador Daniel Pollack.
"La Argentina estará inminentemente en default", dictaminó Pollack en un comunicado difundido el miércoles por la noche. Esas dos acciones del juez y su colaborador podrían haber buscado que las calificadoras de riesgo dictaminaran el default en el caso argentino para, así, permitir que los fondos buitre cobraran sus seguros.
